La ministra Felisa Miceli ya tiene en su poder el dictamen favorable elaborado por la Secretaría de Agricultura en el que se recomienda dejar sin efecto la suspensión de las devoluciones. De concretarse, los productores de arroz recuperarían entre 15 y 20 dólares por tonelada. En otro orden, la relación con Brasil sigue "tirante" por una ley de Río Grande do Sul que prohíbe la comercialización, el estoqueo e incluso el tránsito de arroz argentino.

En el transcurso de esta semana el Ministerio de Economía de la Nación podría oficializar la devolución de los reintegros a las exportaciones al sector arrocero, que había sido suspendida hace unos meses en el marco de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional para controlar la inflación.

Según pudo saber EL DIARIO, la ministra de Economía, Felisa Miceli, ya tiene en sus manos el dictamen favorable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagpya), en donde se recomienda la devolución de los reintegros al sector arrocero, una de las economías regionales clave de nuestra provincia.

Por la venta de arroz se abona un derecho de exportación del 5 % al momento de concretar el negocio; del mismo, la AFIP retornaba el 4,5 % en plazos que contaban a partir de los noventa días, beneficio que había quedado sin efecto mediante una resolución "desprolija", según las entidades del sector, al punto que la suspensión del beneficio del reintegro incluyó al arroz cáscara, que nunca tuvo ese beneficio.

Tras el dictamen de la Sagpya, los arroceros esperan que entre hoy y el viernes, finalmente, Economía oficialice la devolución de los reintegros. En términos de plata, la medida significa que los arroceros podrán recuperar entre 15 y 20 dólares por tonelada.

Brasil

En otro orden, el presidente de la Federación de Entidades Arroceras (Fedenar), Jorge Paoloni, definió como "tirante" la situación con Brasil luego de que la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul ratificara una ley sancionada en octubre del año pasado y vetada por el gobernador del Estado, Germano Rigotto.

La legislación —impulsada por Federarroz, la federación que nuclea a los productores de Río Grande do Sul—, concretamente, prohíbe la comercialización, el estoqueo e incluso el tránsito de arroz —también incluye trigo, poroto, cebolla, algodón, cebada y avena—, si no pasa previamente por el análisis de residuos agroquímicos, como de principios activos usados en la industrialización.

Rigotto intentó frenar el proyecto con un veto total, pero la Asamblea Legislativa lo rechazó y ahora ratificó la ley. Paoloni, en tanto, le aclaró a EL DIARIO que "nosotros no tenemos problemas ni con los importadores brasileños ni con el 60 % de los productores de todo Brasil. El problema se circunscribe a los arroceros de Río Grande do Sul que nos están haciendo guerra".

Según el Mecanismo de Adaptación de Competitividad (MAC) firmado por los gobiernos de Brasil y Argentina, cuando una exportación brasileña a la Argentina produzca daño o amenace con hacerlo en un sector productivo local, se puede limitar la importación del producto. Y viceversa. Fedearroz, en este marco, podría reclamar salvaguardas para limitar las importaciones del arroz argentino.

El dirigencia entrerriano, sin embargo, señaló que "hasta ahora no han presentado nada, ni tienen fundamentos para hacerlo", por lo que relativizó la posibilidad de que recurran a aquella herramienta. "Y si lo hacen, tenemos argumentos para rebatir sus fundamentaciones", afirmó, porque los "productos (agroquímicos) que cuestionan se los compramos a ellos y son los mismos que ellos aplican". Se trata, en buen romance, de una barrera paraarancelaria.

La ratificada ley riograndense, además, tiene una vigencia sólo estadual y no federal por lo que, incluso, podría ser declarada inconstitucional. Mientras tanto, y hasta tanto se dilucide totalmente el diferendo, la norma gaúcha agrega piedras en el camino de la siempre tormentosa relación comercial entre los dos grandes del Mercosur.