La reglamentación de la ley de promoción de inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura (26.360) que el gobierno publicó hace pocos días en el Boletín Oficial permitirá a las empresas esquivar los efectos de la crisis, ya que la nueva norma retrotrae su efecto a octubre de 2007 y da continuidad a la legislación anterior en esta materia.
Sin embargo, aunque la iniciativa promueve el aporte de los fondos públicos al sector privado a través de beneficios fiscales para moderar las consecuencias que provocó en la Argentina la crisis internacional, algunos sectores cuestionan la forma en que el gobierno administra estos recursos en favor de grupos concentrados.
La nueva ley está dirigida a proyectos en actividades industriales u obras de infraestructura, pero podrán también incluirse actividades de procesamiento de materias primas que supongan la utilización intensiva de bienes de capital en su acondicionamiento, y que fuesen la etapa inmediata anterior a una actividad manufacturera.
Héctor Astrada, director del Departamento de Impuestos de la consultora Deloitte, destacó que las inversiones beneficiadas son aquellas que se hayan realizado, o se realicen, entre el 1º de octubre de 2007 y el 30 de setiembre de 2010, “lo que abarca un lapso previo a la crisis global”. En ese lapso, “muchas empresas realizaron proyectos por los que podrán solicitar los tratamientos preferenciales”, señaló y recordó que “incluso algunos proyectos iniciados con anterioridad podrían quedar beneficiados en la medida que al 1º de octubre de 2007 no verificara erogaciones de fondos asociadas por más de 15% de la inversión total prevista”.
Las opciones. Quienes se acojan al régimen podrán optar entre la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la acreditación o devolución anticipada del IVA asociado con las adquisiciones. No obstante, si el proyecto se destina exclusivamente a exportaciones se enmarcara en un plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable, aprobado por la Secretaría de Ambiente, se podrán solicitar ambos beneficios.
Los beneficios alcanzan a los bienes de capital nuevos, excepto automóviles, destinados a la actividad industrial. También incluye a las obras cuyo objetivo principal promueva la realización de actividades productivas en el país y sea declarada como obra de infraestructura crítica por el Ministerio de Planificación Federal. “Siempre y cuando se trate de: generación, transporte y/o distribución de energía eléctrica; producción, transporte y/o la distribución de hidrocarburos, construcción de nuevas plantas refinadoras de hidrocarburos y/o ampliación de las plantas refinadoras existentes; exploración y/o explotación minera; obras hídricas y viales; obras ferroviarias, portuarias o de las vías navegables”, aclaró Astrada.
Excepto en el caso de las obras de infraestructura, para las que se disponen procedimientos y cupos específicos, el régimen prevé la realización de concursos públicos de proyectos para acceder al beneficio, en virtud de los cuales se asignará el cupo fiscal previsto de $1 mil millones anuales, más $200 millones destinados exclusivamente a pymes.