En medio de una creciente preocupación de los productores ganaderos por las últimas medidas para contener los precios de la carne, altos funcionarios del Gobierno prometieron a los frigoríficos que se liberarán los 100 contenedores frenados desde hace casi diez días. Algunos de ellos contienen carnes correspondientes a la cuota Hilton, un segmento excluido de la suspensión de las exportaciones dictada por el Ministerio de Economía.

Según fuentes de la industria, los funcionarios tomaron contacto con los empresarios para informar que se autorizaría a zarpar rumbo a la Unión Europea (UE) a los contenedores que fueron bajados del barco Monte Paolo, después de un polémico procedimiento de la Administración General de Aduanas. Ese cargamento contaba con cartas de crédito cruzadas con anticipación a la veda y son cortes Hilton, pero en la Aduana argumentaron que se investigan supuestas irregularidades.

Este volumen, de todos modos, significa una porción ínfima de las exportaciones que el Gobierno se comprometió a destrabar en el acuerdo marco firmado hace 18 días con los frigoríficos, productores, representantes de los supermercados, carnicerías y consignatarios de hacienda. "Deberíamos tener la noticia de que se flexibiliza al menos ese embarque en las próximas horas", confió ayer el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes, Carlos Oliva Funes.

Más adelante, según el presidente de Swift, debería clarificarse con el Gobierno cómo se comenzaría a exportar un cupo de unas 250.000 toneladas, la mitad de lo exportado el año pasado, que fue suscripto en el convenio a principios de mes.

Hoy las ventas externas de este producto permanecen totalmente paralizadas, incluso las de cuota Hilton, con graves consecuencias laborales en los frigoríficos, que gradualmente iniciaron la suspensión de unos 4500 trabajadores, según datos del sindicato de la carne.

Mientras tanto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad con mayor cantidad de productores asociados, convocó para el viernes próximo a una asamblea en Villa Mercedes, San Luis, de la que participarán también representantes de otros sectores de la sociedad. "Creemos que es más intervencionismo y precios máximos, por lo que las medidas deberían reverse", opinó el presidente de CRA, Mario Llambías. Según la entidad organizadora de la asamblea, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), se espera la participación de unos 1000 productores.

El malestar del campo empezó a tomar forma de protesta a partir del viernes último, luego del anuncio del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de la aplicación de un precio sugerido -que funciona implícitamente como un valor máximo- de 2,40 pesos el kilo vivo para la hacienda.

En tanto, ayer la cotización del novillo en el Mercado de Liniers bajó un 2,3 por ciento y se ubicó en 2,35 pesos el kilo vivo, cinco centavos por debajo del precio de referencia. Las otras categorías de hacienda (vaca conserva, vaquillona y novillito) arrastraron una baja general del 10% en el mercado. "El sector está molesto porque lo que se había vendido como un acuerdo voluntario a principios de abril terminó en una imposición con mayor intervención", dijo ayer una fuente del sector productivo.

El mayor interrogante de los dirigentes del agro es la supuesta conformación de un fideicomiso financiado con el dinero que surge de la diferencia entre el precio del mercado del ganado y el de referencia.

Para sumar incertidumbre, ayer se confirmó la intención del Gobierno de aplicar sanciones, multas y hasta prisión a quienes no cumplan con los valores "sugeridos" para 12 cortes de carnes. El acuerdo marco que se firmó a principios de mes con todo el sector cárnico no incluía esas medidas. De ahí el desconcierto general. "No se puede retener legalmente una parte del precio al productor para formar el fideicomiso, porque eso funcionaría como un impuesto y no existe un decreto de necesidad y urgencia o una ley que lo sustente", opinó uno de los asesores de las entidades.

"En la resolución del viernes se habla de precios de referencia, no de valores máximo o mínimos; entonces cómo se puede sancionar a alguien por no cumplir con algo que se supone no es obligatorio", se preguntó otro representante de las entidades del campos.

"Dar esta vuelta de tuerca parece un poco sobreactuado; no nos parece en absoluto normal", se quejó el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati.