Aunque las críticas al glifosato, la soja transgénica y la aplicación de agroquímicos parecen haberse aplacado, lo cierto es que el caso debería servir para prevenir exigencias futuras.

El estudio sobre los efectos del glifosato, que aún no tiene aval científico, se inscribe en el marco de la campaña política de las elecciones de junio próximo, en la que el campo es visto como el enemigo por derrotar.

A caballo de esta intención del oficialismo, van apareciendo en distintos puntos del país proyectos que proponen normas restrictivas en el uso de agroquímicos.

Uno de ellos fue presentado en el Concejo Deliberante de Junín por tres ediles que se escindieron del kircherismo y formaron un bloque aparte, hoy cercano al peronismo disidente y al PRO.

En ese proyecto, se establece la prohibición de cualquier producto "químico y/o biológico" de uso agropecuario y forestal dentro de un radio de 5000 metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales "entendiéndose por tales aquellos donde habitan personas".

Si ese proyecto se llegara a aprobar, la agricultura, como hoy se la conoce, prácticamente sería imposible de realizar.

Entre los fundamentos, la iniciativa considera que debe aplicarse el "principio de precaución", es decir, ante la duda, prohibir.

Aunque este proyecto no prospere, lo cierto es que está revelando el interés que despierta en el nivel comunal la cuestión del respeto al medio ambiente.

Si ese interés se expresa con bases científicas y técnicas sólidas, los productores y la agroindustria en general no debería temerle al debate. Mucho más sencillo sería escudarse en acusaciones sobre campañas montadas contra el campo. En cambio, si los productores utilizaran el concepto de sustentabilidad -que no sólo abarca la rentabilidad, sino también el compromiso por la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente- ese debate podría ser abierto.

Hay entidades y productores que comenzaron a aplicar esos principios con diversas estrategias. Uno de esos proyectos es el de Agricultura Certificada, de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

También se conoce la adhesión a las normas de calidad ISO de empresas agropecuarias como El Tejar o Los Grobo, entre otras. Y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) también insiste en el concepto amplio de sustentabilidad en la agricultura.

En el plano de las empresas de insumos, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y otras entidades, impulsan desde hace años el programa de recolección y transformación de productos fitosanitarios, Agrolimplio, para promover el lavado y reciclado de envases de productos agroquímicos.

El propio sector debería evaluar si está haciendo los esfuerzos necesarios para impulsar prácticas responsables con el medio ambiente. No todas las empresas ni los productores participan de esas iniciativas. De hecho, hay actitudes opuestas: los que no tienen empacho en fumigar potreros sin tener en cuenta la dirección del viento. Es allí, en el manejo y en el uso de herbicidas y fertilizantes, en donde la industria y la producción debería focalizar sus acciones.

Ya se registraron casos judiciales adversos contra productores que llevaron adelante prácticas irresponsables de la agricultura y provocaron daños en la población, justamente de los lugares donde ellos viven.

Otro factor que también debería ser motivo de preocupación para los productores es el efecto sobre los cursos de agua. En Estados Unidos se evalúa en detalle con mapas de suelos si un determinado nivel de fertilización o aplicación de otros productos puede llegar a ser contaminante.

En la agricultura del futuro, estas exigencias de respeto sobre el medio ambiente irán en aumento y si la producción las asume como bandera propia habrá un menor riesgo de que sea utilizada con un propósito político.

Claro, si la preocupación está fundada solamente en la rentabilidad y en los márgenes habrá más posibilidades de que la cuestión la decidan y la impulsen sector es poco interesados con el desarrollo agropecuario.

La Nación