El presidente Alberto Fernández dio la máxima jerarquía institucional al debate sobre la producción de riqueza cuando dijo: “Quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos que produzcan”.

Decir tal cosa justo cuando aún están frescas las escenas de la disputa familiar por la sucesión de una explotación de la familia Etchevehere, en La Paz, que incluyó la ocupación y posterior desalojo de militantes sociales es, sencillamente, mantener el asunto en el candelero. Se impone recordar que tal situación mereció una amplia cobertura de medios que incluyó opiniones mal intencionadas, difusión de falacias y noticias falsas mezcladas con las crónicas de los hechos.

En definitiva, entreveraron la biblia con el calefón e incluso en el mundo de la dirigencia pocos se atrevieron a tratar la cuestión con una visión de fondo.

La mayoría se conformó con insertar una defensa de la propiedad privada en medio de una sucesión conflictiva. Al hablar de propiedad privada, por ejemplo, casi nadie abordó el contenido de la encíclica Hermanos todos, del Papa Francisco donde trata la propiedad privada, el mercado y la libertad de empresa. Se impone recordar aquí que, bajo el paraguas de ser el líder de la Iglesia, el pontífice dijo:

"El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente" (párrafo 122).

"El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente" (párrafo 168).

"El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad" (párrafo 120).

Entre los pocos que recogieron el guante de la discusión planteada por el presidente se cuenta la Federación Agraria, entidad que emitió un documento en el que precisan: “Creemos muy importante que, finalmente, llegue el momento en el que podamos debatir de manera institucional sobre la cuestión agraria argentina; sobre la propiedad de la tierra y el acceso democrático a los recursos productivos. Históricamente hemos propuesto un modelo de desarrollo que contemple el uso y tenencia de la tierra, una agricultura con agricultores para la generación de alimentos y bienes exportables con valor agregado, que no sólo trabajen (cultiven y cuiden) la tierra y produzcan, sino que conlleve un modelo de desarrollo local, con sostenibilidad social, el cuidado ambiental y la generación de divisas para el país”.

Admiten que sigue existiendo una inequitativa distribución de la riqueza que afecta también las formas de apropiación y explotación de la tierra, por eso hoy la ruralidad se caracteriza por diversas formas de tenencia, tipos de producción, recursos y niveles de tecnología. El Estado y las políticas públicas deben reflejar esa diversidad y generar oportunidades para todos por igual.

Para los federados, “es de gran importancia estratégica como país poder definir una política para preservar el recurso tierra en manos nacionales, y orientar las políticas demográficas en las áreas rurales hacia la democratización del uso y tenencia de la tierra”.

En la entidad, concluyen, se impone la necesidad de que se reglamente la ley 27118, de Reparación Histórica de Agricultura Familiar y que las Provincias adhieran según su Región Productiva y con la participación de todas las entidades agropecuarias.

Plantean crear un Banco de Tierras Fiscales para desarrollar programas de acceso a la tierra, tanto para productores que necesitan aumentar su escala productiva en pos de sostenibilidad económica, como para aquellos hijos de productores que quieran comenzar con la actividad agropecuaria.

Incluir a las mujeres rurales en las denominaciones de “productor agropecuario”, ya que, tanto en el Censo Nacional Agropecuario, como en todas las mediciones de las explotaciones, económicas y comerciales, hoy se entiende que están dentro de esa denominación, invisibilizándolas y generando y reproduciendo estereotipos de género. Y que se las incluya específicamente en las políticas públicas distributivas de la ruralidad: créditos, acceso a maquinaria agrícola, recursos productivos, etc.

Piden la posibilidad de regular el mercado de tierras a través de créditos a largo plazo para comprar tierra productiva, tanto para Cooperativas, Mutuales y/o personas físicas, sean propietarios o trabajadores/as rurales de pequeña escala.

Y reclaman programas agroecológicos en las áreas periurbanas y legislación que fomente que las provincias adhieran según sus planes de ordenamiento territorial. Lo mismo que una reforma impositiva que genere incentivos y castigos para el acceso y uso de las tierras.

Aspiran que en el país haya una nueva ley de arrendamientos o fomento de los arrendamientos por parte de los agricultores de pequeña y mediana escala, con incentivos fiscales, crediticios o condiciones en las negociaciones, evitando la posición dominante de las grandes empresas generadoras de commodities.

Y enumeran que se impone el fomento de normas que controlen y fiscalicen el uso de los recursos naturales, fundamentalmente del suelo a través de una ley de Uso de Suelo, con intervención del INTA. Lo mismo que promover una regulación normativa de Fomento del Agregado de Valor en origen, que genere mayores condiciones para la pequeña escala, productores/as pequeños/as y medianos/as y Cooperativas o grupos asociativos que participen en la Economía Social.

C.D. / Campo en Acción