“Por fin tenemos estabilidad respecto a las reglas de juego para la aplicación de plaguicidas”

El Fiscal de Estado de la provincia Julio Rodríguez Signes, reflexionó sobre la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) que ratificó el decreto que regula las agroaplicaciones:

“La principal reflexión es que por fin tenemos estabilidad respecto a las reglas de juego legales para la aplicación de plaguicidas. Hace dos años venimos con amparos y resoluciones judiciales y esto le da estabilidad al Decreto 2239 que siempre defendí como una norma regular, válida, completa que implica un sistema de control eficaz” de esta manera comenzaba la entrevista con Campo en Acción Radio.

En una de las partes la justicia sostiene que otorga un plazo a la provincia para que comience con las mediciones a partir de las barreras vegetales ¿qué quiere decir esto?

En primer fallo que dicto el Dr. Benedetto quedó firme una resolución que dice que hay que instalar barreras vegetales alrededor de las escuelas, eso hay que instrumentarlo pero no es una tarea de hoy para mañana, implica un trabajo de implantación, elegir las especies, hacer estudios con el INTA y ver qué es lo más conveniente.

Ahora bien, el Superior determinó que hay que corregir las distancias porque nosotros pusimos que los 100 y 500 metros de la zona de exclusión se contaban a partir del casco de las escuelas y el Superior sostiene que hay que contarlo a partir de la barrera vegetal. Esa corrección la vamos a hacer, es algo que esperábamos que pase.

En el caso de las escuelas agro técnicas -que están dentro de un predio en el cual desarrollan parte de su actividad educativa- tienen una unidad de control que tiene una potestad para fijar otro tipo de regularización. Cada unidad va a fijar su sistema de control justamente porque su función es producir para el establecimiento.

El fallo también dice que exhorta al poder ejecutivo a que en el plazo razonable dicte una ley que regule la temática… ¿qué pasa con la ley actual?

Yo entiendo que la actual ley es muy buena porque en términos generales obliga al productor y aplicador a no dañar y delega en la reglamentación la potestad del poder administrador hacer los reglamentos. No obstante, me parece bien que se invite al poder ejecutivo a debatir, la discusión no debería ser tanto por las distancias sino que debería enfocarse en generar sistemas de control de cómo evoluciona la aplicación de plaguicidas y la producción agropecuaria en general. Me parece bien que se promueva la discusión. Es una invitación, un pedido que hace el STJ.

En esta instancia, ¿el fallo puede ser apelado por parte del Foro ecologista o Agmer?

Puede ser interpuesto en recurso extraordinario que es una pretensión de que el tema se dirima en la Corte Suprema de Justicia, el trámite es que los demandantes deberían interponerlo ante el Tribunal Superior de Justicia, la misma entidad que dictó la sentencia. Sino lo concede puede ir en queja a la Corte, la posibilidad existe, ahora yo pienso que lo mejor que podemos hacer es ponernos a trabajar en la implementación de este decreto que no es automática hay mucho trabajo por hacer.

Si quisiéramos hacer una lectura política, ¿está dentro del gobierno la intensión de llamar a una mesa de diálogo para seguir hablando de los modelos productivos?

Eso escapa a mi función como fiscal, si me parece que la Secretaria de Ambiente habilite esa mesa de diálogo, que nunca estuvo cerrada, sino que en rigor la parte actora fue la que siguió la vía de la judicialización. En cierta medida el Decreto 2239 es producto de esa judicialización así que mal no le vino a la provincia y mal no le vendría una mesa de dialogo pero sería con base científica, lo que a uno le molesta un poco es que se utilicen datos que no son científicos para causar cierta sensibilización en la población. Hay que manejar la información con mucho cuidado.