“No hay mal que dure cien años, ni siempre se anda con paso dichoso”, dice el saber popular. En este primer año parlamentario en el que el ruralismo estrenó bancas en la Congreso de la Nación se plantearon dos objetivos difíciles de conseguir: cambiar la comercialización, léase Oncca, y modificar el régimen de derechos de exportación.

Ambos proyectos alcanzaron dictámenes en las comisiones parlamentarias correspondientes y quedaron a un paso del recinto para obtener la media sanción. Claro está que no todo fue como se imaginaba el 28 de junio de 2009, cuando el entusiasmo invadió a la dirigencia ruralista que supuso un drástico cambio en el Congreso a partir de su llegada a las fuerzas políticas.

La nueva etapa de la dirigencia ruralista a nivel parlamentario debía tomarse como el inicio de un largo camino, y sobre todo de un aprendizaje. Quienes lo vivieron en carne propia, los diputados provenientes del agro, comprendieron que el camino de la política y de la democracia no se agota en una elección de medio término.

Los dos grandes objetivos planteados en marzo de este año por el presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, tuvieron que adaptarse a las complejas circunstancias de la política nacional, llegándose a resultados cuyo saldo a nuestro entender fue positivo. Repasemos.

Hubo tres dictámenes sobre derechos de exportación y dos dictámenes sobre la reforma de la Oncca sin entrar en las enormes disidencias generadas en torno al tema. Demasiados proyectos para una oposición que exige diálogo y consenso al oficialismo.

Peor hubiera sido la ausencia de dictámenes. Haberlos alcanzado, aunque sea en forma fragmentada. No es un paso en falso, es un límite de la realidad política, una lección a la que habrá que volver para capitalizar errores y calcular con mayor precisión la distancia entre el deseo y lo posible.

El marco político está planteado de esa forma, y excede por lejos lo estrictamente agropecuario, como lo demuestran los tres proyectos de Presupuesto en Diputados. Aunque haya pasado casi inadvertido, la mejor noticia para el sector agropecuario fue que el Ejecutivo perdiera las facultades delegadas en torno a las retenciones. Ni siquiera el oficialismo presentó batalla sobre este punto como una clara muestra de que comprendió sus limitaciones, aún en vida de Néstor Kirchner.

La ausencia de las facultades delegadas permite que por primera vez desde la vuelta de las retenciones, la producción agropecuaria sepa con absoluta certeza cuál será el nivel de las alícuotas en los derechos de exportación tanto al momento de la siembra, como al de la cosecha.

Se trata de un cambio trascendental en el horizonte productivo, cuyo éxito quedó desdibujado por el afán de un cambio más radical. La buena noticia, luego, quedó opacada por el “fracaso” de las metas superiores que se estrellaron contra la realidad.

Esa certeza, hasta agosto inexistente, contribuye a la “seguridad jurídica” tantas veces reclamada por el empresariado para invertir, máxime en un contexto de precios internacionales en alza, que si es acompañada por el clima como se cree llevaría al récord de más de 100 millones de toneladas de granos.

Tiene gusto a poco, para los sectores que aspiraban a cambios más profundos, pero fue lo posible en el escenario político actual. Nada mal, para un primer año de aprendizaje.

Fuente: El Enfiteuta - Diego Ramírez