Las entidades del campo y el gobierno se mantuvieron en sus posiciones durante la audiencia realizada en la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú por el Impuesto Inmobiliario Rural.

Ahora la Justicia deberá resolver entre ambos planteos. El del campo que el Gobierno retaceó información pública sobre los modos en que calculó los avalúos o el que defendieron los ministros de Economía, Diego Valiero, de la Producción, Roberto Schunk, el titular de ATER Marcelo Casaretto y el fiscal de Estado Julio Rodriguez Signes.

El campo insistió en que deben promediarse los últimos cinco años, pero la comitiva oficial garantizó que sus criterios “están sujetos a derecho”.

Tras la audiencia Marcelo Casaretto, titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), indicó a APF que esperarán el fallo del Tribunal y que acudirán “a todas las instancias que nos permite la Constitución”.

“Respondimos a todas las consultas del Tribunal y se hizo un debate con la exposición de los cuestionamientos de las entidades del campo, y las respuestas acerca de los criterios instrumentados para llevar adelante la ley”, indicó Casaretto.

Según recordó el funcionario, el Gobierno actuó “en función de lo que mandan las leyes y se utilizó la misma metodología de cálculo del Impuesto que se había usado en años anteriores y que nunca había sido cuestionado. De este modo, entendemos que se han satisfecho todos los requerimientos y nos queda esperar qué es lo que sentencia el Tribunal en los próximos días”.

Al mismo tiempo, Casaretto comentó que en la audiencia quedó demostrado que todo lo actuado por el Gobierno “está sujeto a derecho”, pero que los ruralistas “tienen una confusión en cuanto a la Ley 8.672, que marca que se debe tomar el precio de los últimos cinco años a efectos de determinar los modelos productivos de las zonas agroecológicas, pero un párrafo siguiente la misma ley establece que para determinar el valor de la renta por hectárea se aplica un modelo productivo que toma solamente el precio del último año”.

“Entendemos que existe una incorrecta interpretación de la ley por parte de ellos. La forma de cálculo es la misma que se ha usado en años anteriores. Siempre han intervenido las entidades, siempre han tenido acceso a los expedientes. La forma utilizada este año es la misma que la de 2011, 2010 y de 2009. Esto no merece cuestionamiento”, remarcó.

En tanto, el presidente en Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, aseguró que “quedó claramente demostrado que el Estado no aplicó la Ley de la tierra libre de mejoras, sino que se tomó el precio del novillo del año pasado, algo que fue dicho por los propios representantes”.

El dirigente sostuvo a APF que se aplicó el precio del novillo del año pasado y no el promedio de los últimos cinco años, como expresamente lo manda el artículo 9, inciso C, de la Ley de Avalúo.

“Nos fuimos muy conformes, porque quedó claramente demostrado que el Estado no aplicó la Ley de la tierra libre de mejoras, sino que se tomó el precio del novillo del año pasado, algo que fue dicho por los propios representantes”, dijo y agregó que “ahora la Justicia deberá resolver en brevísimo plazo”.

Fuente: Diario UNO