La versión era hasta ayer sólo un rumor peligroso que agregaba crispación en los ánimos ya caldeados de los productores agropecuarios, enojadísimos por el veto presidencial a la ley que suspendió las retenciones en 22 partidos bonaerenses afectados por la sequía y por la aprobación de la delegación de facultades, que entre otras cosas permite a la presidenta Cristina Kirchner fijar y modificar las retenciones.
Una vez más, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, es el vocero de la política oficial para el sector agropecuario. Hoy, ni confirmó ni desmintió un rumor que desde hace días se extiende a toda velocidad por la Pampa Húmeda y que de confirmarse podría tener consecuencias impredecibles: el Gobierno, aquejado por la caída de la recaudación -que el hiperkirchnerista jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, no pudo detener- subiría entre 5 y 10 puntos las alícuotas de derechos de exportación de la soja, que pasaría del 35% actual al 40 o 45 por ciento.
La versión era hasta ayer sólo un rumor peligroso que agregaba crispación en los ánimos ya caldeados de los productores agropecuarios, enojadísimos por el veto presidencial a la ley que suspendió las retenciones en 22 partidos bonaerenses afectados por la sequía y por la aprobación de la delegación de facultades, que entre otras cosas permite a la presidenta Cristina Kirchner fijar y modificar las retenciones. El rumor es verosímil si se recurre a la memoria y se recuerdan los sucesivos aumentos de retenciones en la era kirchnerista.
Como contrapartida a este eventual nuevo aumento del impuesto a la soja, el Gobierno eliminaría las alícuotas para el trigo y el maíz, dos cultivos en crisis en la Argentina de hoy, que aunque supo ser el granero del mundo se acerca peligrosamente al desabastecimiento interno de cereales.
Si se concreta la intención de Néstor Kirchner (de quién otro podría ser la idea), el Gobierno nacional recaudará unos US$ 1000 millones más por este impuesto, que ya fue protagonista en 2008 de la más grave y extensa protesta agropecuaria de la historia. En cambio, la eliminación de las retenciones al trigo y al maíz será neutra para la caja del Estado porque ya no hay trigo para embarcar y porque las empresas exportadoras ya adelantaron el pago de las retenciones del escaso saldo exportable de maíz para obtener mejores condiciones comerciales. En síntesis, sólo sería buen negocio para el Fisco.
Para que quede más claro: de concretarse la suba, entre el 40 y el 45 por ciento del negocio bruto sojero -que no es sólo de grandes productores- quedaría en manos del Estado. Esta medida se parece bastante a lo que el ex ministro de Economía Martín Lousteau dice que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, proponía en lugar de las retenciones móviles. Para Lousteau su idea de movilidad de las alícuotas había sido el mal menor.
Si la resolución 125, para sorpresa de los propios ruralistas, originó una masiva movilización de productores, ¿qué podría ocurrir con esta nueva suba de retenciones a la soja, más aún cuando el campo espera la apertura de las exportaciones de carne y granos, el final del control de precios, asistencia para los chacareros afectados por la sequía, un plan de fomento de la lechería y, por sobre todas las cosas, un mejor trato del Gobierno?
Por la falta de atractivo económico de la ganadería y del resto de los cultivos -no a causa de los precios internacionales, que son buenos, sino de las restricciones internas- la soja tendría en este campaña una cosecha récord de alrededor de 50 millones de toneladas. El país se enfila así peligrosamente al monocultivo.
En lo que va del kirchnerismo, la soja cumplió en gran medida el rol que en el pasado supieron tener los organismos internacionales de crédito. Salvo, claro, que el yuyo no pide revisar las cuentas ni da consejos sobre políticas macroeconómicas.
Fuente: José Crettaz - La Nación