El argumento es la defensa de la salud humana y el medio ambiente, pero en el fondo hay un mar de contradicciones difíciles de explicar.

A las medidas recientemente adoptadas por la ministra de Defensa, Nilda Garré, impidiendo el arrendamiento de campos del ejército no tanto por la soja en sí misma sino por el herbicida, se suman proyectos de ley que de sancionarse acabarían directamente con el cultivo de la oleaginosa.

El diputado entrerriano Raúl Solanas (FpV) tiene en su haber la presentación de dos proyectos de ley con los que insiste desde hace dos años en lo que parece una guerra declarada a la soja transgénica y el agroquímico asociado para su producción.

Como publicó hace pocos días El Enfiteuta uno de esos proyectos establece la prohibición de “la producción, el transporte, la comercialización y el uso de Endosulfán en todo el territorio nacional”. Se trata de un conocido pesticida muy difundido en el cultivo de soja.

Pero Solanas ha desempolvado otra iniciativa representada por estos días que ya había elevado a la Cámara hace dos años. Este segundo proyecto pega de lleno en el cultivo de soja, al prohibir lisa y llanamente su consumo directo.

“Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina el consumo directo de productos alimenticios, sustancias alimenticias y bebidas destinadas al consumo humano que contengan soja transgénica”, reza el primero de los tres artículos de la ley.

En rigor no se impediría la producción pero sí por caso que se utilicen la oleaginosa o sus derivados como insumo forrajero, o bien el consumo humano de aceite de soja ya sea en forma directa o indirecta en la elaboración de infinidad de alimentos.

La prohibición que impone la ley propuesta deberá ser controlada y supervisada por el ministerio de Salud de la Nación, el que fijará los plazos para que se cumpla la norma de ser aprobada. Y en caso de que el organismo verifique incumplimientos a la norma “podrá proceder al secuestro y decomiso de los productos que posean la aludida leguminosa”.