Opinión

La protesta agropecuaria debería ser encauzada

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Por sus fuertes diferencias ideológicas, pocas veces las cuatro entidades del agro (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria) han coincidido en una protesta como la que están llevando adelante.

Escribe Rosendo Fraga.

La situación económica mundial muestra cada día más claramente que el desacople -en función del cual la recesión de los Estados Unidos no iba a afectar el precio de las commodities que exporta la Argentina- no se va a dar. Esto daría la oportunidad a la administración Kirchner de justificar ciertos cambios en las medidas que han generado la protesta. Pero la importancia y la magnitud de ésta lleva a no modificarlas para no aparecer cediendo bajo presión.

Los pequeños productores están mostrando una creciente combatividad con los cortes de ruta, y sectores del Gobierno, en forma imprudente, están impulsando al gremio camionero -como también a piqueteros oficialistas- a que quiebren la protesta por la fuerza, sin asumir los riesgos políticos que ello implica.

Los cinco años de kirchnerismo muestran que la cantidad de gente movilizada es un factor de fuerte efecto político.

Los centenares de miles de personas reunidas por Juan Carlos Blumberg en 2004 llevaron al Gobierno a aceptar sus propuestas, aunque después, con el tiempo, se fueran diluyendo tanto el fenómeno de la protesta como las políticas que impulsó. Si las cuatro entidades del agro lograran consensuar un breve mensaje de una o dos carillas sintetizando sus reclamos y éste fuera leído el mismo día y a la misma hora en medio centenar de localidades del país, reuniendo entre un millón y dos millones de personas, el agro produciría un hecho político de gran impacto frente al Gobierno.

Ante todo, refutaría el discurso oficial que muestra al agro como un sector elitista y minoritario. En segundo lugar, demostraría que no sólo es una actividad económica, sino también un fenómeno social de envergadura. Evitaría los riesgos que surgen de acciones como los cortes de ruta, que bordean o quiebran la legalidad y además crean riesgo de situaciones violentas. Encauzarían eficazmente la vocación de protesta incontenible de los pequeños productores y el efecto contraproducente que en una situación extrema puede tener. Pero ante todo demostrarían al poder y a la sociedad que no sólo son un generador de ganancias o de recursos fiscales, sino que son un actor social muy importante.

Si la cadena agroindustrial participara de esta protesta, se tomaría más conciencia de hechos como que el puesto de trabajo de un camionero que transporta la cosecha, el de un trabajador que fabrica productos alimenticios y hasta el de un empleado municipal de una localidad rural dependen de la actividad del agro.

La cadena de valor agroindustrial no sólo genera dos tercios de las exportaciones, sino que uno de cada tres empleos deriva directa o indirectamente de ella. Pero de este tercio de la población, que para su bienestar depende de lo que genera y multiplica el agro, sólo uno cada cuatro es consciente de ello y una forma más masiva, y a lo mejor también más pacífica, de protesta puede servir para cambiar esta situación.

La Nación

Rosendo Fraga es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

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