A cambio, el Estado extenderá los plazos de embarque, que hasta ahora eran de sólo 45 días, a entre 90 y 180 días según el producto, lo que podría destrabar las ventas al exterior. Se trata de un régimen especial y optativo.

Según difundió la Oncca en un comunicado, la medida busca "dinamizar la comercialización de granos y evitar la elusión fiscal", pero el adelanto de esos pagos -que se deberán concretar hasta 48 horas después de registrada la venta- también apuntalará la recaudación por retenciones, debilitada este año por el extenso conflicto agropecuario.

Con esta resolución, el Gobierno también abandona por el momento la idea del presidente de la Oncca, Ricardo Echegaray, de modificar la ley 21.453, que introdujo un registro de declaraciones juradas de ventas al exterior de granos y sus subproductos, que ahora es utilizado para regular los embarques.

Para quienes opten por este régimen, los plazos de validez de las declaraciones juradas serán de 90 días corridos para el trigo, 120 para el maíz, y 180 para la soja y el resto de los productos.

Según algunos corredores de granos, el cambio podría traer aparejada la reactivación de los mercados de futuros de granos, cuyo volumen de negocios se redujo dramáticamente tras la introducción de las retenciones móviles -luego derogadas- y la reducción de los plazos de embarque.