En términos económicos, la provincia implica aproximadamente el 2,1 % de la producción total del país y el 5,3 % de las exportaciones primarias del país.
Según el proyecto de Presupuesto 2008, el monto de gasto público nacional que se planea ejecutar en Entre Ríos resulta exiguo. Esto surge tanto de la comparación con el aporte que hacen los entrerrianos a la recaudación nacional como en términos de los problemas sociales y económicos que sufre la provincia.
Se trata de otra manifestación de las consecuencias asociadas a un sistema tributario que centraliza recursos públicos en Buenos Aires. Con el último aumento de las retenciones, se pone en evidencia que la provincia tiene cercenadas sus posibilidades de desarrollo de no mediar un cambio en el régimen fiscal. Esto lo describe un reciente informe de Idesa, el Instituto Argentino para el Desarrollo Social.
De acuerdo al informe, la Ley de Presupuesto nacional es la principal herramienta de programación con la que el Gobierno nacional rinde cuentas a la sociedad sobre cuáles son sus proyecciones de ingresos fiscales futuros y la forma en que asignará dichos recursos. Aunque con la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para reasignar partidas se ha desnaturalizado el instrumento, de todas formas contiene información relevante.
Expectativas
Según el proyecto de Presupuesto que está en el Congreso, la Nación proyecta gastar en el año 2008, dentro del territorio entrerriano, aproximadamente $ 2.100 millones. ¿Es una cifra equitativa y consistente con el desarrollo de la provincia?
"En base a información de fuentes oficiales se puede trazar un cuadro de situación que permite aproximar algunas respuestas a este interrogante: Entre Ríos representa el 3,2 % de la población total del país y aproximadamente el 3,4 % de la población que vive debajo de la línea de la pobreza; en términos económicos, la provincia representa aproximadamente el 2,1 % de la producción total del país y el 5,3 % de las exportaciones primarias del país. Sin embargo, el Presupuesto Nacional 2008 proyecta ejecutar en Entre Ríos sólo el 1,6 % del gasto nacional, alcanzando al 1,7 % del total de gasto social y apenas al 1,2 % de los gastos económicos", advierte el instituto que dirige el economista Osvaldo Giordano.
En este sentido, queda en evidencia que los montos que la Ley de Leyes proyecta asignar a Entre Ríos son significativos en términos absolutos. Sin embargo, resultan exiguos en términos relativos. Aparecen evidencias claras de discriminación cuando se observa que la provincia tiene una participación en el gasto nacional inferior a su contribución al total de la producción, a pesar de que su nivel de desarrollo es menor al observado en el resto del país.
"Entre Ríos es una jurisdicción con problemas sociales más intensos que el promedio nacional. Al menos, esto es lo que surge de los datos del Indec, que señalan que las tasas de incidencia de la pobreza en la provincia son relativamente altas. Es por esto que si bien la provincia representa el 3,2 % de la población total, es probable que en términos de población pobre represente el 3,4 %", detallan.
En contra de esta realidad, el Presupuesto Nacional le asigna a la provincia una participación en el gasto total y en el gasto social significativamente más baja: 1,6 % y 1,7 % respectivamente. Si el Gobierno nacional estuviera efectivamente comprometido con el objetivo de compensar las asimetrías regionales, el gasto nacional en Entre Ríos debería ser el doble del programado en el Presupuesto 2008.
Incluso, tomando como referencia la contribución que Entre Ríos hace a la producción nacional, los gastos presupuestados resultan exiguos y discriminatorios.
Centralización de recursos
Entre Ríos genera poco más del 2 % de la producción total del país. Es probable que esa sea también su participación en el pago de impuestos nacionales. Máxime cuando es alta y creciente la participación de las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias, donde la provincia contribuye con más del 5 % del total.
Es decir que, si la participación en el gasto fuera similar a la contribución en la recaudación, la provincia debiera recibir no menos de $ 700 millones adicionales a los $ 2.100 millones que se contemplan en el Presupuesto.
"La centralización de recursos en el nivel central es lo que da pie a la discrecionalidad; y ésta, a la discriminación. Por ejemplo, a través de una decisión del nivel central se aumentaron recientemente las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Es una medida de fuerte impacto para la provincia, debido a la preponderancia que en ella tiene la producción primaria. La provincia no fue consultada, y el Congreso Nacional no discutió la asignación de estos recursos adicionales en el marco de la ley de Presupuesto Nacional.
El resultado será que la mayor parte de estos fondos apropiados por la Nación serán utilizados en beneficio de las zonas más prósperas del país. Por ejemplo, la ampliación, mantenimiento y operación del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires", concluye el informe.