Los últimos datos de cuentas nacionales confirman la profundización de la brecha entre oferta y demanda en la economía argentina. Para una demanda interna que crece por encima del 10% interanual hasta el primer trimestre de 2008, la oferta (el PIB) lo hace al 8,4 %. La diferencia, cercana a los 2 puntos porcentuales, se cubre con importaciones mucho más dinámicas que exportaciones, consideradas a precios constantes.
Hay que tener muy en cuenta estos datos en momentos en que las retenciones móviles comienzan a discutirse en el Congreso. ¿Cuál es la conexión? Es que los principales problemas que hoy enfrenta la argentina son de oferta y no de demanda, por lo que la trayectoria futura de la economía depende crucialmente de los incentivos que existan para aumentar la producción desde los diversos sectores, incluido por supuesto el campo.
Cuando, entre 2002 y 2006 había exceso de capacidad instalada, incentivar la demanda no sólo era políticamente ‘correcto’, sino eficaz en términos económicos, pero ahora hay que reconocer que debe trabajarse focalizado en la otra hoja de la tijera.
Las retenciones permiten una recaudación rápida y abultada a favor del estado pero, si la alícuota aplicada se pasa de la raya, puede terminar desalentando la oferta y, con eso, comprometiendo la capacidad de recaudación futura, además de afectar a la cadena productiva.
El argumento de que las retenciones son un gendarme de la estabilidad de precios de los alimentos es débil, porque en los últimos doce meses la canasta básica se encareció en la Argentina tres veces más que la suba experimentada en países vecinos que no aplican retenciones, caso de Uruguay, Chile y Brasil.
Respecto de la oferta, la Argentina registra un antecedente cercano muy relevante. Se trata del petróleo, cuya producción alcanzó un pico en 1998 con 890 mil barriles/día, se estancó por los bajos precios internacionales hacia fin de esa década y después pasó a decrecer a ritmo sostenido, marcando para 2007 una caída de 21,5% respecto de aquel punto máximo.
Así, la Argentina no ha podido aprovechar plenamente el boom de precios de los últimos años, con una recaudación por retenciones que sólo se apoya en los elevados precios internacionales, ya que el saldo exportable de este combustible se ha achicado un 60% en volúmenes desde principios de esta década.
Por supuesto que no todo ha sido efecto de las elevadas retenciones y de las regulaciones en los precios de venta que recaen sobre el sector petrolero. Al tratarse de un recurso no renovable (a diferencia de la agricultura) también incide el agotamiento de pozos existentes, pero sin dudas la elevada presión impositiva y las regulaciones han incidido en el ritmo de inversiones.
Probablemente, cuando se comenzó a implementar esa política, las autoridades pensaron que los representantes del sector exageraban acerca de los consecuencias negativas sobre la producción, suponiendo que la elevada rentabilidad soportaría las presiones. Esta experiencia debería servir para considerar que los mensajes sectoriales, pese a su sesgo, muchas veces pueden aportar información valiosa para la toma de decisiones.
En el caso agrícola, vale la pena subrayar que, por la evolución de los precios internacionales, la vigencia del esquema móvil implica que las retenciones actuales para la soja (46,3%) y para el girasol (41,2 %) ya superan en 10 puntos porcentuales la alícuota previa al 11 de marzo. Esto en un contexto en que los costos han seguido subiendo.
Así, se tiene que en lo que va de 2008 el precio interno de la soja subió sólo 4,7%, perdiendo frente a la evolución del precio de insumos claves para la productividad del cultivo: en igual período, la urea aumentó 20,1 %, el glifosato 34,6% y el fosfato diamónico un 68,1%.
Como se observa en el gráfico adjunto, mientras la producción de petróleo caía en los últimos diez años, la cosecha de cereales y oleaginosas aumentaba hasta una última campaña de más de 90 millones de toneladas, un 47% por encima del volumen de 1998. Sin embargo, es temerario extrapolar esta misma tendencia para la próxima década, porque las condiciones serán distintas, salvo que el Congreso diga lo contrario.
Jorge Vasconcelos. Investigador jefe del leral - Fundación Mediterránea
Publicado en El Cronista Comercial