Más de la mitad de la superficie de Entre Ríos soporta el impacto de la erosión por acción del agua y el viento. Si bien siempre hay cosas por aprender, aquí se estudia y gestiona a fondo la situación. Prueba de ello son el Mapa de Suelos hecho desde el INTA, la ley 8318 que incentiva con exenciones fiscales a los productores conservacionistas y la promoción de cultivos de cobertura, como también del monte nativo. Empero, el resultado está lejos, muy, del esperado: datos aportados por el experto Jorge Gvozdenovich revelan que la sistematización en campos agrícolas entrerrianos llega a 601.100 hectáreas; cuando tales labores se imponen como necesarias en más de 4,4 millones.
Tal escenario ubica a la conservación del suelo productivo como uno de los desvelos de los profesionales de la agronomía colegiados. Coinciden en que, si bien Entre Ríos tiene incentivos no llegaron todavía a revertir el proceso de degradación. En consecuencia, desde el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos presentaron un documento que contiene pautas técnicas mínimas para multiplicar la cantidad de emprendimientos destinados a, como menos, ralentizar la erosión.
Javier Noir, directivo de la entidad, contó a Campo en Acción: “Hay que dar a conocer la Ley todo el tiempo, que es un aporte a la conservación”. Y fue más allá al describir que “deberíamos trabajar para ayudar al inquilino en esa unión con el dueño de la tierra”. Esa frase, corta y contundente, define una realidad entrerriana: la mayoría de quienes producen riqueza no son dueños de la tierra; y la norma, que data de 1989 y tuvo sus modificaciones años más tarde, no los tiene en cuenta. Es decir, la reducción de hasta el 70% del Impuesto Inmobiliario Rural para quienes concreten prácticas conservacionistas no se siente en el bolsillo de aquel que tiene la relación más estrecha y concreta con el recurso natural.
Noir contó que el principal inconveniente que exponen los productores para sistematizar es el costo de la obra, que implica movimientos importantes de suelos. Definió que “hay que insistir con que se hace por única vez, luego hay que mantener. De repente, poder pagarla en varios años por medio de un crédito es una ayuda”.
Valoró que “el trabajo a nivel de cuenca es lo más importante, se arranca a nivel de predio, pero el problema es general. Tener información sobre lo que pasa en la cuenca es esencial”.
Noir enmarcó sus declaraciones en la reunión que directivos del Colegio mantuvieron con el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet y varios de sus funcionarios. “Las autoridades están abiertas a avanzar, en incentivos y nuevas propuestas” dijo el especialista que también avisó que el 11 de mayo se reúne la Comisión Provincial de Conservación de Suelos, donde desmenuzarán el contenido del documento que contiene las llamadas pautas mínimas.
En resumen, la vocación es pisar el acelerador para ampliar el área sistematizada con más incentivos como financiamiento; llegar con asistencia al arrendatario; extender la exención fiscal; e implementar el proyecto Productor Agropecuario Sustentable (PASE). Integran la capacitación profesional como un eje para salir adelante, tanto como la agilización de los trámites de aquellos que piden sumarse a los beneficios ya vigentes.
En el artículo de divulgación titulado Aplicación de prácticas de conservación de suelos en Entre Ríos, elaborado por expertos de INTA, hay dos párrafos, los finales, que resumen la gravedad de la situación. A saber:
“La sistematización de tierras es una práctica de conservación de suelos y agua clave, la adecuada realización de la obra es central para garantizar su buen funcionamiento. Sin embargo, debe estar acompañada por otras buenas prácticas como la implementación de rotaciones, los cultivos de cobertura, la siembra directa, las enmiendas orgánicas e inorgánicas y otros elementos y prácticas que mejoren los servicios ecosistémicos que provee el agrosistema.
“Se estima que en el futuro las presiones de uso del ambiente para aumentar la producción estarán exacerbadas por el cambio climático global, particularmente por el aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones. Estos nuevos desafíos requieren el apoyo del sistema académico, técnico y gubernamental. En este contexto, el INTA, las universidades y organismos de ciencia y tecnología deben aunar esfuerzos para reforzar planes de promoción de las prácticas de conservación de suelos y agua, garantizar su adecuado mantenimiento y funcionamiento y promover su inclusión en las agendas de decisión para lograr la continuidad del uso agrario con desarrollo de su potencial económico y cuidado ambiental”.