Según el trabajo de una investigadora del Conicet, la dictadura en complicidad con la cúpula del agro puso el foco de la intervención y la persecución en el desmantelamiento de la investigación social del organismo. Entre los investigados están el papá de Máxima, el ex secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta, y su superior Martínez de Hoz.

El juez federal Daniel Rafecas avanza en la causa, uno de los ejes de su investigación el rol de los empresarios de la Sociedad Rural que integraban el Inta y desde el cual habrían buscado eliminar políticas que afectaban sus intereses.

El magistrado investiga cuatro desapariciones en el Inta además de la presunta confección de listados con investigadores y empleados que luego fueron cesanteados, detenidos y secuestrados.

La causa se inició a partir de una presentación del abogado Rodolfo Yanzón donde se pide investigar la desaparición de cuatro miembros del Inta Castelar, como parte de una política de represión a opositores a las políticas agropecuarias del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz a partir del 24 de marzo de 1976, informaron fuentes judiciales.

Rafecas analiza lo presentado y evalúa ordenar pruebas en torno a lo ocurrido con los investigadores Marta Sierra, Carlos Costa Rodríguez, Gustavo Giombini Moser y María José Rapela de Magnone, secuestrados y desaparecidos cuando el organismo estaba intervenido por la Marina y tenía un directorio del que formaban parte representantes de lo que actualmente es la Mesa de Enlace: CRA, Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria y Coninagro.

La quinta pata productiva del Consejo directivo del organismo, Aacrea, recién se incorporó la Inta en 1980, y si bien no estuvo vinculada a los hechos que se denuncian la decisión de su inserción en el Instituto ocurrió en pleno gobierno militar.

En la denuncia se menciona a directivos de la época y a funcionarios, como Jorge Zorreguieta -quien había participado activamente en la dirigencia de CRA y de la SRA- que ocupó la subsecretaría de Agricultura al inicio de la dictadura antes de ser ascendido como Secretario de Agricultura por Martínez de Hoz en 1981, también aludido en la presentación.

Martínez de Hoz está detenido y con prisión preventiva domiciliaria en la causa que investiga el secuestro de los empresarios Gutheim, cometido porque se negaban a realizar acuerdos favorables a la política económica de la época.

Rafecas tiene a su cargo la causa para investigar si hubo confección de listados con nombres de futuras víctimas y cómo funcionaba la "cadena de mandos" que desembocó en órdenes para intervenir el Inta, detener a muchos de sus investigadores, cesantear de manera masiva y los secuestros de las cuatro víctimas aún desaparecidas.

Según una nota del matutino Página/12, antes del golpe de 1976 el Inta tenía unos cinco mil trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos.

Un trabajo publicado en 2011 en la Revista Realidad Económica N° 258 por la investigadora Cecilia Gárgano (Conicet) concluye que la intervención, despido, persecución y desaparición de empleados del Inta tenía entre sus objetivos la “desarticulación” del área de “Economía y Sociología rural” cuyo principal espacio de acción era la conocida “Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias y el Departamento de Economía del Centro de Castelar”.

En los años previos al golpe, en especial durante la conducción de Horacio Giberti al frente de la Secretaría de Agricultura y de Horacio Figueras como presidente del Inta, hubo una renovación en los objetos de estudio que se apartó de la investigación tradicional del organismo.

“Existió un intento, desde un conjunto de investigadores, de modificar el rumbo de las investigaciones y el diagnóstico de las problemáticas”, remarca Gargano. La nueva orientación que se proponía se apoyaba en cuatro ejes que se pueden sintetizar: en la dependencia estructural del agro nacional, sistema de uso y tenencia de la tierra, condiciones de trabajo de productores familiares y asalariados, y el desequilibrio regional.

Tras el golpe y la intervención del Inta no solamente se discontinuaron los enfoques mencionados, no que no se volvieron a contratar sociólogos y se “modificaron en los contenidos y destinatarios de las tareas de investigación y extensión”, dice la investigadora.

Después de la “limpieza” del Inta los investigadores se “abocaron a realizar estudios de mercado, administración o marketing, en los que quedó desterrado el análisis de los grandes problemas estructurales del sector agropecuario nacional”, señala Gárgano.

En pocas palabras se pasó de un enfoque estructural de la problemática agraria enfocada en lo social y se retomó la antigua tradición en la investigación de la empresa agropecuaria media con foco en la microeconomía, dejando de lado lo social.

El Enfiteuta