Directivos y exdirectivos de Vicentin volverán a desfilar por tribunales. Esta vez será en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Reconquista por maniobras fraudulentas en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De acuerdo a un cronograma que durará varios meses, 14 personas serán indagadas en el marco de audiencias imputativas relacionadas con la causa por la utilización de facturas apócrifas para cobrar reintegros fiscales en forma indebida.

El fiscal federal de Reconquista Roberto Salum explicó los fundamentos de la causa y el procedimiento a los diputados provinciales que integran la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin. Fue durante una reunión realizada ayer por zoom. A su término, los diputados Luis Rubeo, Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver informaron sobre lo conversado.

La investigación que lleva adelante Salum y que se sustancia en el juzgado que conduce Aldo Alurralde se inició a partir de una denuncia de la Afip sobre la detección de documentación apócrifa con la cual la agroexportadora que declaró el default en 2019, respaldó el cobro de $ 140 millones en reintegros de IVA. Fue por operaciones de exportación que, según el organismo fiscal, nunca se hicieron. Al cambio del momento eran 50 millones de dólares.

Las operaciones bajo la lupa datan de 2016 ($ 84,6 millones), 2017 ($ 44,46 millones) y 2018 ($ 11,4 millones). “Las fechas son muy importantes porque ese es justamente el período de mayor expansión de Vicentin, cuando pasó a ser la sexta empresa de mayor facturación en el país y la primera exportadora”, señaló Del Frade durante una rueda de prensa en la sede rosarina de la Cámara baja.

Según el fiscal, en la investigación se comprobó la presentación de facturas apócrifas para cobrar los reintegros del IVA. La documentación estaba a nombre de cerca de 60 empresas de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos que decían venderle a Vicentin pero no contaban con instalaciones ni volumen de mercadería acorde con la operación declarada. Se detectaron, entre otras cosas, facturas emitidas por parte de personas sin Cuit, proveedores sin actividad o sin capacidad económica, ausencia de justificación del origen de los granos y nulo o escaso personal declarado. Muchas de esas firmas fueron creadas bajo la figura de sociedades anónimas simplificadas, un polémico instrumento creado durante la gestión macrista.

De la investigación participó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). “Esto se conecta con lo que ya había establecido el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga en Comodoro Py la presunta defraudación al Banco Nación, cuando aludió a la existencia de un delito previo al de lavado de dinero”, explicó Del Frade. El que se investiga en Reconquista sería ese delito preexistente.

La investigación por el fraude al fisco podría derivar en penas de entre 3,5 a 9 años de prisión para los imputados. Es la primera causa en la que la agroexportadora aparece también en la mira de la Justicia penal como persona jurídica.

Tras el extraño default por u$s 1.400 millones que dejó la agroexportadora a fines de 2019 se iniciaron varias causas penales en distintos juzgados federales y de la provincia. En los tribunales de Comodoro Py se investiga las responsabilidades penales de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por las generosa financiación que el Banco Nación le otorgó a Vicentin hasta poco antes de su entrada en cesación de pagos. “Es el juicio que arrancó primero, y ya el 8 de junio de 2020 los imputados, entre ellos Javier González Fraga, ya estaban procesados pero después el juez Julián Ercolini lo cajoneó”, señaló Del Frade.

En tanto, en los tribunales provinciales de Rosario, el fiscal de Delitos Complejos Miguel Moreno imputó a 14 directivos y ex directivos de la agroexportadora por estafa. En ese marco también imputó a ejecutivos de la empresa Renova y estaría próximo a hacer lo mismo con personal de la consultora KPMG, encargada de auditar los balances de Vicentin que fueron denunciados como fraudulentos.

En el marco de la causa que sigue la Justicia penal rosarina es probable que la unidad fiscal formule la acusación antes de que termine el año.

Un largo cronograma de indagatorias

Los diputados provinciales Luis Rubeo y Fabián Palo Oliver señalaron ayer que, según lo señalado por el fiscal de Reconquista, el contacto con sus pares de Rosario y de Comodoro Py son constantes. El juicio penal por presunto fraude a la Afip que se lleva adelante en la ciudad del norte provincial, la misma en la que se tramitó el concurso de acreedores hasta que la Corte Suprema de Santa Fe tomó el expediente, presenta un cronograma de indagatorias que se extenderá hasta febrero. Fuente: La Capital