El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, presentó un mapa interactivo que señala cuáles son las tierras de Argentina que son propiedades de extranjeros. El informe arrojó que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros. El porcentaje representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.

La herramienta fue desarrollada por Julieta Caggiano y Matías Oberlin, ambos becarios del organismo público; y que a su vez, forman parte del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias.

Los investigadores contradijeron el argumento oficial, que señala que ninguna provincia incumple el límite de un 15% de territorio está en manos de extranjeros. Según alertaron, este enunciado se cae si se observa en cada departamento: hay 36 distritos que ya exceden el límite legal.

En el estudio se afirma que los departamentos de Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta) superan el 50% de su superficie en manos foráneas. En particular en lo que respecta a recursos hídricos y logísticos, las localidades a la vera del río Paraná como Iguazú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes) y Campana (Buenos Aires) superan el 30%.

Por su parte, en cuanto a la procedencia de los propietarios, Estados Unidos encabeza el podio con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. "Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán" señala el informe.

Para los especialistas, la derogación de la ley de Tierras no busca atraer inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. Casos como el de Malargüe (Mendoza), donde la extranjerización del 15% coincide con 18 nuevos proyectos mineros, anticipan un incremento de la conflictividad social si el Estado abandona su rol de control.

"Si uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es útil”, explicó Oberlín.

Los investigadores destacaron la importancia del mapa, en el marco de la avanzada de la administración de Donald Trump sobre los recursos naturales de naciones latinoamericanas, como lo está haciendo con Venezuela. "Desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país", concluyeron.