El buen precio de la hacienda en pie de los últimos meses, vaya paradoja, le ha generado a los productores ganaderos, concretamente a los invernadores, un problema difícil de resolver que incluso podría obligarlos a descapitalizarse.
El esquema de revalúo del Impuesto a las Ganancias que grava el aumento de los precios de las existencias ganaderas el rodeo y no el resultado efectivo de la explotación las ventas, computándose también como genuino el aumento de precio nominal originado en la inflación, según los productores, los llevará a vender hasta el 23 % del stock para afrontar el pago del gravamen.
GOLPE. Ante esta situación, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias de Entre Ríos advirtió que “este nuevo golpe” a la ganadería “frenará la incipiente recuperación que los productores ganaderos hemos logrado en el sector y agudizará la falta de carne”.
Las entidades, además, solicitaron al poder político alguna medida que “permita cumplir con las obligaciones fiscales a los productores invernadores” para evitar una nueva liquidación de hacienda y, como consecuencia de ello, un nuevo aumento de precios.
En los últimos años, recuerda la Mesa de Enlace entrerriana, “producto de una política desacertada para el sector, nuestro país sufrió un proceso de liquidación de la ganadería sin precedentes que le costó más de 9 millones de cabezas y una disminución de al menos 3 millones de terneros”.
Esto trajo aparejado la suba del precio del ganado en pie y la caída del consumo, “lo que obligará a nuestro país a resignar por unos años su posición de liderazgo como consumidor interno de carnes rojas y como potencia exportadora de este producto”.
Los precios de los animales con destino a faena, agrega, estuvieron durante mucho tiempo artificialmente “pisados” por la Secretaría de Comercio Interior.
Para la Mesa, estas “distorsiones” generaron otros problemas y, entre ellos, menciona el de Ganancias ya que los productores tendrán que calcular el monto del impuesto sobre la base de “valores deprimidos, de un stock de hacienda de principio de 2010, dado que la normativa vigente no permite ajustar las valuaciones de acuerdo a la inflación, como ocurre en la mayoría de los países del mundo”.
Así, remarca la Mesa, se terminará tributando un monto “absurdo, desproporcionado e inequitativo que llevará a desprenderse de más del 23 % de las existencias” para poder cumplir con la obligación fiscal.
PERJUICIO. La aplicación de esta normativa, asimismo, ocasiona “un grave perjuicio al derecho de propiedad de los productores, ya que de no poder adaptar equitativamente el Impuesto a las Ganancias al fenómeno inflacionario, de modo que dicho impuesto no recaiga sobre ganancias nominales e irreales, se verán sometidos a un despojo patrimonial que cae dentro de la confiscación de bienes, prohibida por la Constitución Nacional”.
Fuente: El Diario - Danilo Lima