El gobierno de Evo Morales prepara una profunda reforma agraria que implica la expropiación de tierras ociosas del este y norte de Bolivia, una medida que analistas predicen como "la madre de las batallas" del presidente.
"Es una nueva reforma agraria la que se va a hacer, pero lo que está claro es que se trata de una transformación lo suficientemente profunda en las estructuras socioeconómicas e institucionales del agro", anunció el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, citado hoy por el influyente diario paceño La Prensa.
El anuncio -que no precisa fecha exacta- se registra una semana después de que Morales, primer presidente indígena en la historia boliviana de 180 años, pusiera en marcha, vía decreto, un proceso de nacionalización de la riqueza hidrocarburífera del país, que hasta entonces y desde 1996 está en manos de consorcios extranjeros.
La administración Morales, que ha prometido nacionalizar en breve los yacimientos mineros del país, actualmente explotados por privados, busca abolir el latifundio, consagrado en la carta política del país.
Durante su campaña Morales proclamó su decisión de revertir a propiedad del Estado miles de hectáreas de tierra, principalmente en las tropicales regiones de Santa Cruz (este), el distrito más rico del país y sede de un poderoso empresariado agroindustrial, además de Pando (norte), Beni (nordeste) y la provincia de Gran Chaco (sudeste).
"La propiedad agraria ha generado el ejercicio del poder" en Bolivia, según Almaraz, para quien latifundistas utilizan las propiedades concedidas por el Estado "para conseguir jugosos créditos y revender los terrenos".
La opinión de los analistas. Para los expertos la política de reparto de tierras anunciada por Morales amenaza con desatar violencia, como la que se generó entre 2000 y 2005, lapso en que al menos 100 campesinos sin tierra perdieron la vida en diversos intentos por tomar haciendas en el este boliviano.
"Puede haber violencia, enfrentamientos y hechos. Es un tema delicado. Este tipo de medidas ha generado en otras partes conflictos muy duros", predijo el analista Marcelo Varnoux, quien teme el estallido de una espiral de violencia porque tal reforma "tocará intereses muy grandes, a todo un grupo social que ha sido enemigo por muchos años de los indígenas y de Evo Morales".
La medida anunciada por Almaraz "es un tema muy sensible", puede desatar "una caza de brujas" en el oriente de Bolivia, estimó de otra parte Gabriela Ichazu, abogada oriunda de Santa Cruz y ex viceministra de Participación Popular en 2003.