“En menos de 24 horas, la celeridad y predisposición del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) resolvió los inconvenientes suscitados en Entre Ríos por el incumplimiento en la reacreditación en sus programas sanitarios de los veterinarios privados y vacunadores”.

Así de fuerte arrancó la respuesta pública que hicieron desde el organismo nacional a una queja de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).

Entre uno y otro comunicado se sacaron chispas. Y no es para menos.

Desde la entidad de los productores habían divulgado desde su sitio web: “Fucofa desea aclarar a todos los productores ganaderos, que por decisión del Senasa, desde las primeras horas de este lunes dos de noviembre ha bloqueado la posibilidad de la carga de las actas de vacunación, tramite imprescindible para que luego los productores, puedan tramitar los DTE que permiten amparar los traslados de vacunos, con todo tipo de destino”.

En el ente sanitario tomaron el guante pero no se hicieron cargo de la culpa: “Senasa ratifica que no ha sido responsabilidad suya, como indicó el ente de Entre Ríos que lo había acusado de generar el bloqueo de movimientos cuando en realidad la situación fue causada por la no reacreditación de los vacunadores de la provincia en el tiempo que se les otorgó, incluso con tres prórrogas, y que fuera informado en reiteradas oportunidades y con la debida antelación”.

El nucleamiento formado por las organizaciones de la Mesa de Enlace apretó otro poco y también dejó saber: “El consejo de administración se ha dirigido a los responsables del Senasa, para que procedan a la urgente normalización del sistema, ya que innumerables productores se ven afectados en su operatoria normal, tanto para realizar traslados entre establecimientos de un mismo propietario, como con destino a ventas o remates feria”.

Y otra vez la chancha al maíz, como se dice cuando un problema no termina de ser resuelto. La mención viene a cuento de que, para Senasa, “el procedimiento único de registro para veterinarios y técnicos acreditados, entre ellos los vacunadores, está normado por la Resolución 1/2018, que establece tres años de vigencia de las acreditaciones y un plazo de un año de para reacreditarse. En este sentido, y si bien a partir del 1 de enero del 2019 se darían de baja todas las acreditaciones con una vigencia mayor a los cuatro años, por diferentes circunstancias, el Senasa fue prorrogando la medida, en primera instancia hasta el 2 de enero de 2020 (Resolución 255/2019), luego hasta 1 de julio de este año (Resolución 251/2020), y finalmente hasta el 1 de octubre último (Resolución 474/2020), fecha establecida previo al inicio de la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa de 2020”.

Y dan una última ajustada de tuerca a la ya tensa situación: “Todo esto tuvo una amplia difusión mediática y dirigida a los interesados, los entes y vacunadores por lo que la Fucofa no desconocía las consecuencias de no cumplir como corresponde con el tiempo de la reacreditación. De hecho Entre Ríos fue la única provincia en la que se presentó el inconveniente a pesar de que el Senasa prorrogó la reacreditación en tres oportunidades para dar tiempo a que los veterinarios regularizaran su situación antes de llegar al bloqueo de movimiento en el sistema”.

Quienes conocen a protagonistas que mueven los hilos entre bambalinas dijeron a Campo en Acción que la de ayer no fue ni será la última escena de picoteos entre dirigentes ruralistas y funcionarios de la sanidad animal. En otras palabras, el cruce de agrios comunicados puede tener más capítulos antes que termine el año.