El presidente del Senasa, Jorge Amaya, le pidió al director nacional del organismo, Jorge Dillon, que investigue si durante los días del paro en esas oficinas no se expidieron los documentos de tránsito animal (DTA) que impidieron el normal movimiento de hacienda.

"Una vez detectada esta anomalía se analizará el cierre o suspensión" de las mismas, dijo Amaya. Las investigaciones y las auditorías estarán dirigidas a las entidades rurales del centro y del oeste de la provincia de Buenos Aires.

En fuentes del ruralismo se admitió que en las sedes de las sociedades rurales donde se prestan los servicios del Senasa se le dio licencia al personal y no se atendió al público durante las jornadas de protesta. Descartaron que la investigación que pretende impulsar el organismo persiga un objetivo de represalia, sino que creen que desde este año el Senasa tiene más presupuesto y tendrá locales propios, de manera que no dependerá de las sociedades rurales.

Tanto los organizadores del paro como el Gobierno sabían que el principal indicador de la suerte de la medida de fuerza iba a estar en los ingresos de hacienda en el Mercado de Liniers. Así fue como un día antes de que comenzara la protesta se registró un hecho sin precedentes en el centro concentrador: unos 10.459 vacunos, de un total ingresado de 12.482, no encontraron comprador. Los directivos de CRA denunciaron que hubo "presiones oficiales" sobre la industria frigorífica y los abastecedores para que ese día no realizaran ofertas y permitieran que el lunes, tercer día de paro, los corrales de Liniers pudieran verse repletos de hacienda. Entre los organismos que habrían presionado, según los ruralistas, se encontraba el Senasa.

En los dos días hábiles de paro apenas ingresaron en Liniers 487 vacunos, cuando la entrada corriente se sitúa en unos 12.000 ejemplares, aproximadamente. Ese dato fue interpretado por los dirigentes rurales como un éxito para su convocatoria.