La fuerte suba del precio del maíz es una buena noticia para el agro y para la economía nacional, pero complica la estrategia oficial de mantener bajos los precios de los alimentos. Desde setiembre, las cotizaciones del mercado de Chicago subieron un 50%. Estas alzas se reflejaron en el mercado local, porque el grueso de la producción se destina al mercado internacional.

La Argentina es el segundo exportador mundial de este cereal forrajero, cuya demanda está creciendo de manera explosiva en los Estados Unidos, por lejos el primer productor y exportador mundial. La expansión de la demanda se debe a un nuevo destino, que es la producción de etanol, un combustible renovable que reemplaza a la nafta.

Las subas impulsaron un sensible crecimiento de la superficie sembrada. Si el clima sigue acompañando (en general se lo ve muy bueno, aunque hay algunos focos de sequía) puede superarse el tope de 20 millones de toneladas, lo que significaría un saldo exportable de 13 ó 14 millones, ya que internamente se consumen unas 7 millones de toneladas. A los valores actuales, superiores a los 130 dólares por tonelada en puerto de embarque, los embarques superarían los 1.500 millones de dólares, el doble que el año pasado.

La contracara es que esos aumentos se trasladaron al mercado local. El maíz no pesa en la canasta familiar en forma directa, porque el consumo como tal es casi despreciable. Pero es la base de la producción de proteínas animales: pollos, cerdos, leche y últimamente carne vacuna en los corrales de engorde.

También hay una fuerte industria procesadora que convierte al maíz en jarabe de fructosa (edulcorante que sustituyó al azúcar de caña en las bebidas cola), alcohol y almidones técnicos utilizados principalmente en la industria petrolera. El problema es que la mayor parte de los sectores de transformación del maíz tienen firmados acuerdos de precios con el Gobierno. Es el caso de los productores de pollos y cerdos.

El maíz explica más del 50% del costo de producción de un parrillero, por lo que a la industria avícola se le hace imposible mantener entonces los precios. Roberto Domenech, titular de CEPA (agrupa a los procesadores avícolas) dijo ayer a Clarín que están esperando una reunión con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en la que plantearán la necesidad de aumentar el pollo al menos un 10%.

Pero en el Gobierno piensan de otra manera. La intención oficial es bajar como sea el valor del cereal de los casi 400 pesos por tonelada actuales, a los 270 vigentes al momento de celebrar los acuerdos de precios.

Como hay muchos sectores involucrados que la conducción de Agricultura no conoce, se está elaborando una resolución para realizar un censo de consumidores de maíz. Es un primer paso para armar alguna política.

El subsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, explicó que su objetivo es "lograr que los productores tengan el mejor precio posible, pero es necesario que no se escapen los costos de los procesadores".

Muchos establecimientos de engorde vacuno a corral, que basan la alimentación en el maíz, están cerrando para evitar operar a pérdida. Y esto puede complicar fuertemente el panorama de abastecimiento de carne vacuna a corto plazo, otro tema caliente para el Gobierno.

Por ahora, lo único que se sabe es que el secretario de Comercio desea que los exportadores revendan al mercado interno lo que compraron para embarcar, asumiendo la pérdida.

Frente a esta situación, las bolsas de cereales de todo el país enviaron una carta al presidente Néstor Kirchner —con copia a varios funcionarios involucrados en el tema— en la que le manifiestan que comprenden la necesidad de mantener a raya la inflación y los precios de los alimentos.

Pero proponen, a diferencia de la estrategia oficial, que el exportador embarque y que el Gobierno desvíe al consumo lo que éste demande, haciéndose cargo de la diferencia entre el precio internacional y el valor al que quiere abastecer a la plaza.

Le indican también que hay suficientes recursos a partir de las retenciones, el impuesto al cheque y el impuesto a las ganancias generado por los mejores precios internacionales.

Manejar un precio interno alejado de la cotización internacional implica que alguien tiene que hacerse cargo de la diferencia. No son montos menores: si hubiera que compensar 100 pesos por tonelada, por 7 millones de toneladas, daría un total de 700 millones de pesos.

Pero el Gobierno recaudaría, de concretarse la cosecha de 20 millones de toneladas, el doble de esa cifra sólo en concepto de derechos de exportación.

Fuente: Clarín