Tras siete horas de fuerte debate interno, por momentos tenso, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados selló anoche el proyecto sobre retenciones al agro que intentará aprobar mañana o pasado mañana en el recinto. La iniciativa modificará el texto original que envió la presidenta Cristina Kirchner al incorporar un menú de compensaciones y beneficios para pequeños y medianos productores, pero sin tocar un ápice las actuales alícuotas móviles de las retenciones, contenidas en la resolución 125.
Con esta nueva propuesta, la conducción del bloque oficialista -a cargo de Agustín Rossi (FPV-Santa Fe)- espera reunir los votos necesarios para imponerla en el recinto. Esta tarde, las comisiones de Agricultura y de Presupuesto emitirán el dictamen respectivo. Los pronósticos, aunque cautos, son optimistas: las voces anticipan un piso de entre 125 y 135 votos a favor (el total del cuerpo reúne 257 miembros).
Sin embargo, para un núcleo duro de diputados justicialistas -que suman entre 10 y 15 legisladores- las concesiones ofrecidas por el oficialismo son insuficientes, pues no abordan el punto crítico del conflicto: la alícuota de las retenciones, a la que consideran demasiado elevada. Ayer continuaban enarbolando esa bandera los seis diputados de Córdoba y de Entre Ríos (que decidieron no participar de la reunión), sumados a otros provenientes de Santiago del Estero, Salta y Chaco.
La decisión de los diputados oficialistas de introducir modificaciones al texto de la iniciativa del Gobierno desnuda claramente la marcha atrás que debió dar el ex presidente, Néstor Kirchner quien, hasta el viernes pasado, insistía en que no debía cambiársele una coma. Finalmente se vio obligado a retroceder ante la evidencia de que no contaba en su propia tropa con los votos suficientes para aprobarla en el recinto.
Muchas de los cambios que se anunciaron ayer -acordados con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández- ya fueron anticipadas por LA NACION en los últimos días. Son las siguientes:
Los pequeños y medianos productores rurales deberán abonar las actuales alícuotas de las retenciones móviles, aunque el oficialismo propone que aquellos productores de soja y girasol que cosechen hasta 750 toneladas anuales reciban del Estado compensaciones, vía reintegros, para aliviar la carga tributaria. La resolución 284 las limita a 500 toneladas.
El cobro de los reintegros se producirá en 30 días, no en los 60 previstos en la resolución 125.
Podrán acceder a los reintegros aquellos productores con deudas impositivas, siempre y cuando normalicen su situación con la AFIP.
Para percibir los reintegros, caducará el requisito para la inscripción en la AFIP de los productores como operadores de granos, tal como se exige en la actualidad.
Se incluirán a los monotributistas en las compensaciones, que a pesar de que se había anunciado que también recibirían los beneficios, aún no lo había concretado en la práctica.
Se exceptúa la cláusula por la cual sólo podían acceder a las compensaciones aquellos productores cuya actividad principal fuera la soja y el girasol. Esto imposibilitaba acceder a un reintegro, por ejemplo, a un tambero que también sembraba soja.
Se impulsará una nueva ley de arrendamiento para evitar la concentración de la propiedad de la tierra. Incluiría desgravaciones impositivas a pequeños y medianos productores.
Se gravará con el impuesto a las ganancias a los pools de siembra organizados en forma de fideicomisos.
Ayer comenzaron a circular proyectos alternativos, que proponen una alícuota intermedia a las retenciones móviles como la de Jorge Sarghini (Buenos Aires), que concitaba cierta expectativa. También la radical K Laura Montero continuaba trabajando en la misma senda.
Mientras ruralistas y dirigentes agropecuarios rondaban los pasillos del Congreso, los diputados oficialistas se enfrascaban en una ardua discusión sobre la iniciativa oficial. Uno de los disidentes, Felipe Solá (Buenos Aires), insistió en que las retenciones deberían morigerarse, lo que originó un fuerte cruce con el ultrakirchnerista Edgardo Depetri. Finalmente, Solá aceptó votar con la mayoría. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño (PJ-Buenos Aires), otra de las díscolas, se retiró temprano, ofuscada ante la cerrazón oficialista. Teme por su permanencia al frente de la comisión.
Fuente: Laura Serra - La Nación