El secretario de Agricultura Miguel Campos decidió colocar al frente del Instituto Nacional de Semillas (Inase) al dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Jorge Solmi. Esta entidad, que representa en mayor parte a los pequeños y medianos productores, es una de las que más se oponen a un cambio en el esquema actual. No obstante, según algunas versiones, el Inase, con Solmi a la cabeza, avanzaría hacia una restricción del uso propio, un mecanismo que ampara a los productores en cuanto al empleo de su cosecha como semilla, sin tener que comprar todos los años productos certificados. Tanto el uso propio como la semilla ilegal comprenden más del 70 por ciento del negocio de semillas en el país, que asciende a unos 1000 millones de pesos al año.
El gerente de Desarrollos de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero, consideró que la solución después de casi dos años de negociaciones "merece" la intervención de la Secretaría de Agricultura. "Estamos recibiendo la opinión de dirigentes en cuanto a que hay que terminar con este tema", dijo Vaquero. Sucede que la incertidumbre generada por los litigios en Europa entre los importadores de soja argentina podría derivar en descuentos de alrededor de 7 dólares por tonelada para los agricultores argentinos. La secuencia imaginada por los menos optimistas es así: un importador puede decidir abonar un precio menor por la soja argentina para cubrirse del perjuicio que le insumirían los juicios y, a su vez, las empresas exportadoras trasladarían ese descuento al valor que pagan a los productores.
"Monsanto reconoce el aporte de la Argentina en cuanto a la difusión de la biotecnología, y por eso proponemos un valor muy inferior al que se cobra, por ejemplo, en los Estados Unidos (US$ 15 por tonelada), pero no podemos dejar de cobrar porque así es en todo el mundo", expresó Vaquero. La vigencia de la patente del gen de Monsanto concluye entre 2011 y 2014, según el país. De ahí que la empresa reclame comenzar a cobrar a partir de esta campaña de soja.
"Si aceptamos su método, una vez que se le termine la patente, ¿a qué otra empresa tendremos que pagarle? Esto no tiene sentido", se quejó Jayo Ordoqui, uno de los dirigentes que aún se mantiene firme.