A última hora de anoche, y tras haberse reunido con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía, Martín Lousteau, convocó en su despacho a los secretarios de Comercio Interior, Guillermo Moreno; de Agricultura, Javier de Urquiza; y de Política Económica, Gastón Rossi, a fin de encontrar una salida al renovado conflicto por el precio de la carne.
El ministro quiere encontrar la manera para que todos los actores de la cadena cárnica suscriban el nuevo acuerdo de precios sectorial. Pero esa intención choca con los mecanismos que vienen analizando en distintos despachos oficiales para retrotraer los valores de la carne al público. Es que esas medidas tienen componentes más que conocidos y resistidos por los productores primarios, que rechazan cualquier tipo de restricción a los valores del ganado y reclaman que los controles se focalicen en el eslabón comercializador.
Los ganaderos también repudian una nueva limitación, aunque sea temporaria, para las exportaciones del sector, como analiza el Gobierno para este mes y abril. Es que, remarcan, un nuevo recorte del cupo exportador deprimiría los valores del ganado, que en los últimos dos años no crecieron al ritmo que la inflación. "En 2005, el novillo se vendía a $ 3,60 el kilo, lo mismo que recibimos ahora y resulta que la carne (al público) aumentó 30 veces", denunció el vicepresidente de Confederaciones Rurales (CRA), Néstor Roulet.
Esa declaración también pone freno a la búsqueda oficial por reeditar el precio de referencia para la hacienda en pie, que quiere Moreno y apoya De Urquiza. Se impondría un valor referencial al novillo de $ 3,70 para el kilo vivo. Ese precio está hasta 35% por debajo de lo que están pagando los frigoríficos para hacerse del ganado, en medio de la escasez de oferta de animales y sostenida demanda interna. A ese valor, se sumaría una actualización de 10% para los precios de la media res a la salida de fábrica, para llegar por caso a $ 7,10 para la categoría ternero, el mismo valor que se pagaba por la misma mercadería a fines de 2007.
La otra alternativa avalada por los frigoríficos pero fuertemente resistida por los productores es la que cuenta con el aval de Lousteau. Reducir un 40% el cupo exportador durante 60 días, hasta que se normalice la oferta de novillos, para incrementar la carne disponible en el mercado interno.
Ayer a la tarde, la nueva restricción era un hecho. Incluso los exportadores cárnicos habían ofrecido la semana pasada autolimitar sus ventas para paliar la escasez local y la escala de precios. Sólo faltaba definir si, luego de abril, los exportadores contarían con un cupo superior al actual (40.000 toneladas mensuales) o si no habrá cambios en ese sentido.
La limitación de las exportaciones generó el rechazo del Sindicato de Trabajadores de la Carne bonaerense, liderado por Silvio Etchehun, que marchará mañana hacia Agricultura y Economía para repudiar el cierre de las fronteras. "En la práctica ya es un hecho porque los certificados de Registro de Exportación (ROE) no se entregan hace días. Eso redujo un 50% la faena en el sector haciendo peligrar los puestos de 9.000 obreros", denunció el gremio
Por su parte, durante toda la jornada, el sector de la industria frigorífica se mantuvo en un silencio absoluto respecto de las negociaciones con el Gobierno. Afuera, y cada vez más enojados, volvieron a quedar los productores. Pese al encuentro que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tuvo con el jefe de Sociedad Rural (SRA), Luciano Miguens, los sectores ruralistas más duros aseguran que el diálogo se rompió hace rato, tanto en tema carne, como leche y trigo. Eso llevó a la cúpula de la Federación Agraria (FAA) arrancará la próxima semana con los bloqueos a los principales puertos de embarque de cereales, en reclamo a que normalizar la exportación de trigo para que los productores reciban el precio lleno. Y definirán acciones para los otros reclamos.
Fuente: Paula López - El Cronista