En la ofensiva judicial y fiscal del Gobierno contra el agro, la nueva piedra del escándalo son las cartas de porte, documentos que acreditan los movimientos de cereales. Mientras esta semana serán reglamentadas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Secretaría de Transporte y AFIP; paralelamente avanza una causa judicial que podría detectar evasión impositiva por parte de la Federación Agraria Argentina (FAA), así como las aceiteras Vicentín y Oleaginosa San Lorenzo.

La denuncia, que se tramita en el juzgado Criminal y Correccional 3, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, fue realizada por la Oncca hace dos semanas, pero nunca habían trascendido los nombres de esas dos empresas acusadas de usar "cartas de porte truchas y duplicadas", según comentó a El Cronista una fuente de la investigación.

Tampoco se sabía que el monotributista de Oncativo (Córdoba), acusado de haber declarado 1.000 cartas de porte, aunque compró casi 21.100, es Ceferino Ferreyra. La última cantidad equivale al transporte de 630.000 toneladas de cereales, cuya facturación supera miles de veces el límite anual de $ 144.000 admitido para el monotributo.

Desde el Gobierno esperan definir el nuevo sistema de cartas de porte esta semana, y también que avance la investigación judicial a cargo de Rafecas y el fiscal Federico Delgado, con la esperanza de "matar varios pájaros de un tiro". Por un lado, se busca reducir la evasión en IVA y Ganancias, que se calcula –en ámbitos oficiales– "cercana al 40% gracias al manejo fraudulento de estos documentos". Pero también se busca castigar a los ruralistas anti-retenciones que tienen un negocio importante con las cartas de porte.

Por ejemplo, la Federación Agraria y la Federación de Acopiadores de Cereales (FAC), que tienen la potestad de imprimir y vender las cartas de porte por expresa delegación del Estado. Por la venta en blanco de estos certificados, FAA y la FAC facturan cerca de $ 12 millones al año, que perderían esta semana por decisión de la Oncca, sin esperar siquiera los resultados de la investigación judicial.

En ese organismo calcularon que el mercado negro de las cartas de porte equivale a la venta de 9 millones de toneladas de granos, que al momento de la exportación pagan retenciones, pero evaden 21% de IVA y un porcentaje variable (según las deducciones realizadas) de Ganancias. "Las retenciones no bajaron ni siquiera con el lock out agrario, pero queremos reducir la evasión de otros impuestos, algo que es muy frecuente en el campo", expresó una fuente oficial.

En este contexto, el Gobierno está evaluando una decisión que probablemente oficialice esta semana: la centralización de las cartas de porte en la Oncca. Cada vez que puede, su titular Ricardo Echegaray insiste con tres conceptos: control, seguridad alimentaria y exportaciones confiables. "Apretar, sancionar y poner topes para sostener el esquema de las retenciones móviles", interpretan de otro modo algunos ruralistas.

De forma paralela avanza la investigación judicial, en manos de uno de los jueces mejor visto desde el kirchnerismo, y de un fiscal que investigó –entre otras causas resonantes– las coimas en el Senado por la ley de reforma laboral. "El movimiento de tráfico granario paralelo existe, y se produce por la mala utilización de sistemas de las cartas de porte, que es el contrato de flete entre la empresa transportista, el productor de granos y el acopiador", expresaron desde la Oncca. Aunque también aclararon: "Esto va a ser materia de la investigación, y el juez resolverá en última instancia si este nivel de irregularidades es suficiente para imputar algún ilícito de naturaleza penal".

Fuente: Lucio Di Matteo - El Cronista Comercial