El gobierno entrerriano no renovó los contratos de arrendamiento de islas fiscales firmados en 2007, los cuales vencían este año, y dio facultades a la Policía para recuperarlas. El decreto respectivo que firmó el gobernador Sergio Urribarri se apoya en dos argumentos: el alquiler se otorgó a privados domiciliados fuera de Entre Ríos en su mayoría bonaerenses y santafesinos, y muchos no cumplían con el canon pautado. Así, el Estado provincial recuperará 117 mil hectáreas de las 200 mil que posee en la zona del Delta, hoy ocupadas por particulares.
Los acuerdos se realizaron en el marco de la ley 9603, por la cual las islas se concesionarían sólo para la ganadería, apicultura y el turismo. La mayoría de las tierras alquiladas se destinaron al engorde de hacienda y pertenecían a Victoria, Gualeguay y Diamante. El canon se fijó en 17,50 pesos por hectárea al año, que se actualizaría según el precio del kilo vivo de novillo, fijado por el mercado de Liniers.
El decreto 1186 anula los convenios por considerar que los lotes fiscales "no podían ser objeto de contratos de arrendamientos". Además, "muchos de los inmuebles en cuestión estuvieron usurpados por particulares sin derecho alguno lo cual, obviamente, implica una situación que el Estado debe hacer cesar". A ello se suman "hechos ilegales, como fueron los incendios provocados por particulares que, inclusive, motivaron acciones judiciales contra la provincia", expresa el decreto, en alusión a denuncias radicadas por la Municipalidad de Rosario a raíz de los trastornos que generaba en la población la quema de pastizales.
Apropiación. Por otra parte, el gobierno entrerriano inició el año pasado una cruzada judicial para regularizar más de 100 mil hectáreas de islas fiscales, que eran detentadas por particulares a través de un modus operandi: un agrimensor elaboraba un plano de mensura que se inscribía en Catastro, y esto era suficiente para que Rentas empezara a emitir las boletas del Impuesto Inmobiliario.
A raíz de estos incidentes, el Ejecutivo provincial decidió "dejar sin efecto todo trámite cuyo objeto sea visación y/o aprobación de plano de mensura de inmuebles del dominio público" y además dispuso que la Dirección General de Rentas (DGR) "no perciba más impuestos y disponga la baja de las partidas de inmuebles que pertenezcan al dominio público del Estado Provincial".
Finalmente, instruyó a la Policía entrerriana "para que ejerza todos y cada uno de los actos que sean necesarios para la defensa del derecho de propiedad y la efectiva posesión por parte del Estado de los terrenos" apropiados por los privados.
Incendios no autorizados
La Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos intensificó los controles de focos de incendio no autorizados y a través de métodos de detección satelital y de denuncias de la población, en los últimos días se detectaron incendios intencionales en el norte provincial, en zonas de islas y en terrenos de titulares entrerrianos y de la provincia de Santa Fe.
La repartición provincial recordó que está en plena vigencia la Ley Nº 9.868, que establece la obligatoriedad de solicitar autorización para cualquier tipo de quemas, sean forestaciones, sembrados, pastizales o vegetación natural.
Las multas reglamentadas pueden llegar a superar los cinco millones de pesos, sin perjuicio de las acciones penales que se puedan iniciar por afectar el patrimonio natural de la provincia, como pueden ser montes nativos, suelos de islas o especies vegetales o animales.
Se recomendó a la población que atienda y denuncie cualquier tipo de fuegos detectados a la autoridad policial más cercana, o al Plan Provincial de Manejo del Fuego, llamando por teléfono al (0343) 4208879.
Fuente: La Capital (Rosario) - - Lizi Domínguez