El nuevo hombre del Gobierno para encabezar las negociaciones sectoriales por los acuerdos de precios, el flamante secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, Guillermo Moreno, comenzó ayer a trabajar con la cadena productiva de ganados y carnes para que el convenio firmado hace 10 días con el sector se traduzca en una baja de los precios de 11 cortes de consumo popular.
Moreno se comunicó ayer con directivos de la industria frigorífica exportadora, quienes están procurando que el acuerdo avance cuanto antes para reanudar las ventas externas, suspendidas desde el 13 de marzo pasado. Los empresarios dijeron que se trató de un contacto formal y que les dieron pocas pistas sobre los próximos pasos del funcionario, que llega al cargo con fama de ser un muy duro negociador
Moreno también solicitó información a la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación, a cargo de Javier de Urquiza, para continuar a partir de pasado mañana con las reuniones de la comisión de seguimiento del acuerdo.
Las primeras reacciones de la cadena de ganados y carnes sobre la designación de Moreno fueron positivas, pero cautelosas. Diferentes dirigentes del sector, al que el Gobierno ve como el más complejo para alcanzar un acuerdo de precios, dijeron que confiaban en ingresar en una etapa de definiciones del convenio.
"Esperamos que facilite las negociaciones", dijo a LA NACION el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes, Carlos Oliva Funes. "Estamos expectantes", admitió el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Javier Jayo Ordoqui.
En tanto, el presidente del Centro de Consignatarios de Productos del País, Jorge Aguirre Urreta, opinó que la nueva designación servirá para promover la concreción del acuerdo. "Desde hace un año que estamos discutiendo sobre el precio de la carne; cuando empezamos estaba más lúcido y podía prever lo que podría pasar, pero ahora, después de tantas reuniones, marchas y contramarchas, es un poco más difícil", señaló, con un dejo de ironía.
Para el Gobierno, la prioridad es que la baja del 18,7 por ciento en el precio de la hacienda registrada desde que se anunció la suspensión de exportaciones se traslade a las carnicerías. El miércoles pasado hubo preocupación en los despachos oficiales porque el Indice Novillo del Mercado de Liniers alcanzó los $ 2,476 y quebró la barrera de los $ 2,40, establecida en el acuerdo como referencia para que bajen los precios de los cortes populares.
Para el sector privado, en cambio, la baja debería registrarse por un incremento de la oferta de hacienda. Al respecto, los productores creen que la prioridad es definir el peso mínimo de faena. Sostienen que tendría que estar en los 260 kilogramos, un escalón más abajo de los 280 kilogramos establecidos en la actual normativa. En cambio, la industria frigorífica procura mantener el límite en 280 kilos.
Más allá de lo que suceda con la carne, los otros dos frentes de batalla que tiene abiertos la Secretaría de Coordinación Técnica y que ocuparán la agenda de Moreno son las negociaciones para mantener congelados los precios de los medicamentos y los alimentos de la canasta básica. En el primer caso, a fin de mes vence la prórroga por 60 días que había acordado el Gobierno con los principales laboratorios para mantener sin cambios los precios de 216 medicamentos.
El acuerdo original había sido impulsado por el ministro de Salud, Ginés González García, aunque en las negociaciones con las tres cámaras que reúnen a los grandes laboratorios el antecesor de Moreno en el cargo, Lisandro Salas, jugó un papel clave. Por su parte, en el caso de los alimentos, en las ultimas semanas en círculos empresariales creció el temor de que las alzas salariales que negocian los sindicatos pudieran hacer caer los convenios de precios que había terminado de cerrar Salas en febrero, condicionados a que se mantuviera sin cambios la estructura de costos de producción de las compañías, que incluye, obviamente, los salarios.
Los acuerdos tienen vigencia hasta fin de año, aunque a la hora de firmarlos, los empresarios lograron introducir una cláusula por la cual podían ser revisados si sus costos de modificaban. Cuando hace diez días, el dirigente camionero Hugo Moyano amenazaba con paralizar el transporte si no le otorgaban un aumento de casi 30%, los empresarios deslizaron que no estaban en condiciones de absorber el incremento sin tocar los precios. Sin embargo, Moyano y el Sindicato de Comercio, que agrupa a los empleados de los supermercados, acordaron un 19% de suba.
"Está dentro de los parámetros que manejábamos y no va a hacer que se caigan los acuerdos. La suba de los salarios pueden provocar un incremento en uno o dos puntos nuestros costos, pero igual vamos a absorberlo", explicó el director de una de las cadenas de supermercados.
LA NACION