En un año electoral complicado por la crisis económica, los gobernadores quedaron en medio del fuego cruzado entre la administración nacional y el sector agropecuario, abiertamente enfrentado con la presidenta Cristina Kirchner y su esposo y ex mandatario y actual líder del oficialismo, Néstor Kirchner. Cuando todo parece indicar que habrá una nueva medida de fuerza, tomar parte abiertamente hacia uno u otro lado podría ser políticamente muy costoso para los mandatarios, sobre todo si se tiene en cuenta que el campo -y los pueblos del interior- también tiene un interés político en la próxima contienda. Pero más allá del delicado equilibro al que están obligados, los líderes provinciales -oficialistas u opositores- tendrán un papel fundamental. Todos esperan mucho de ellos, incluso como eventuales mediadores que puedan evitar el estrago de un conflicto como el que durante 120 días afectó al país entre marzo y julio últimos.

A la hora de conquistar la simpatía de los electores, los gobernadores que hasta ahora mostraron un apoyo incondicional a la política agropecuaria nacional, empezaron a romper filas. Necesitan contener el enojo ruralista sin irritar al matrimonio presidencial, de cuya asistencia económica dependen para mostrar obra pública y realizaciones en los próximos meses.

Por ejemplo, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, luego de visitar los tramos secos del río Salado, descubrió que "esta vez el campo tiene razón". "Con la comida no se jode", les había advertido a los productores en junio pasado, en pleno conflicto por las retenciones móviles. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que había llamado "oportunistas y agoreros" a los dirigentes agropecuarios en un acto de apoyo a Kirchner frente al Congreso, sostuvo recientemente: "Con el campo no tenemos barreras ideológicas". Y aún más, recibió al director de la Federación Agraria Alfredo De Angeli, tal vez su peor adversario en la provincia, y lo saludó con un apretón de manos llamativamente afectuoso.

Sin temor

Los funcionarios provinciales ya no temen pedir la suspensión de las retenciones como hizo, por ejemplo, el ministro de la Producción de La Pampa, Abelardo Ferrán. Durante el conflicto, su jefe, el gobernador Oscar Jorge, no recibió a los ruralistas de su provincia por expreso pedido de Kirchner, aunque estaban en la antesala de su despacho. Otros, como el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Emilio Monzó, se quejan más o menos abiertamente contra la extraña ingerencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la asistencia a los productores afectados por la sequía, entre los cuales repartió maíz sin que se sepa el criterio de distribución.

En el caso de los gobernadores oficialistas, Kirchner ya no se opone a expresiones pro campo ni exige definir él -como en 2007- las listas de candidatos siempre que se le asegure el apoyo posterior en el Congreso. Esos mandatarios pueden ahora permitirse un discurso propio, aunque sin romper con el gobierno central y a cambio de fondos para obras. En Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, la ayuda federal es fundamental para mantener al día la estructura estatal.

Es que en las provincias de la Pampa Húmeda, el kirchnerismo se enfrenta a un gran desafío. En 2007, ya había perdido en los mayores centros urbanos -como Rosario, Córdoba y Santa Fe, entre otras-. Ahora, si el malestar del interior productivo no cambia, corre el riesgo de sufrir una dura derrota donde supo cosechar victorias arrolladoras. Por eso, los gobernadores que más lejos habían quedado del reclamo ruralista empezaron a desandar el camino.

En la última elección presidencial, las zonas rurales hicieron un aporte definitorio al caudal electoral del Frente para la Victoria. En la provincia de Buenos Aires, ese fue un dato central de los últimos comicios. En la elección de gobernador en Córdoba, cuya definición fue ajustada, el actual mandatario Juan Schiaretti, logró la diferencia que lo consagró ganador en el interior rural. Durante el conflicto por las retenciones móviles, Schiaretti fue uno de los gobernadores que más claramente apoyaron el reclamo del campo. Según él mismo denunció, esa posición le significó el recorte en el envío de fondos nacionales que lo obligó a bajar las jubilaciones y puso a su distrito al borde de una crisis institucional. Sin renegar de esa posición (sus legisladores votaron contra la resolución 125), el gobernador mediterráneo recompuso su relación con Kirchner. Ambos tendrán una dura batalla en la provincia, donde los sondeos no favorecen al oficialismo ante una posible alianza de Juez, el radicalismo y la Coalición Cívica.

En Santa Fe también habrá una puja intensa. El gobernador Hermes Binner (Partido Socialista) fue uno de los mandatarios provinciales que más claramente apoyaron el reclamo agropecuario. Pero desde la vereda de enfrente, el senador justicialista Carlos Reutemann -que recorrió los piquetes y votó en contra de la 125- no se quedó atrás. Aún así, cada vez que desde la Casa Rosada o la residencia de Olivos -según corresponda- llamaron para hacer una foto con la Presidenta o el ex presidente, ambos también dijeron presente.

El papel de los gobernadores será central en los próximos meses para la relación entre el Gobierno y el agro. Y una buena relación con el campo podría ser para ellos una ventaja electoral.

La Nación