En el medio de las versiones y operaciones en torno de la creación de un organismo regulador del mercado de granos, los voceros oficiosos del gobierno en la materia aclararon durante el fin de semana que el tan mentado plan de estatización del comercio exterior no sería otra cosa que el reciclaje, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto parlamentario para crear un ente que concentre y amplíe los mecanismos de intervención que hoy tiene la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

El proyecto de creación del Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Alimentario (Enpycaa) fue presentado en 2007 por el diputado nacional del Frente para la Victoria Alberto Cantero Gutiérrez y llegó a ser discutido en la comisión de Agricultura de la Cámara baja cuando el conflicto desatado por las retenciones móviles llegó al Parlamento.

Finalmente, la discusión impositiva se impuso a la relacionada con la distribución del ingreso hacia el interior y al exterior de las cadenas alimentarias, y el tema quedó en el freezer hasta que esta semana el jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, lo reactivó en tono de rumor a través de un grupo selecto de medios porteños.

El organismo propuesto por Cantero está lejos de la nacionalización del mercado de granos y más cerca de la creación de un organismo que le brinde mayor transparencia y eficacia al mecanismo actual de intervención, basado en acuerdos informales de precios con distintos sectores de la agroindustria.

Desde el inicio establece una diferencia al proponer que la dirección del organismo será ejercida por un presidente y vicepresidente designado por el PEN y cinco vocales designados por concurso público y períodos de cuatro años. Serán acompañados por un consejo asesor integrado por representantes de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria y del Consejo Federal Agropecuario.

El ente tendrá como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y la transparencia y libre competencia en el mercado de granos, a través de las sanciones de prácticas desleales u oligopólicas en cualquiera de los eslabones, incluida la distribución final. Con ese objetivo, podrá comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios "por sí o para terceros para estabilizar precios".

Distribución. Orienta las políticas del organismo al desarrollo "más equitativo" del sistema agroalimentario, con "una diferencia progresiva a favor de los productores, industriales, distribuidores o consumidores con menores recursos".

Los instrumentos contemplados incluyen estímulos fiscales, subsidios, tasas, aranceles, multas y sanciones. Involucra a todas las producciones, y, tal como está planteado, no sólo permitiría combatir prácticas desleales sino que incorporaría a la disputa de los ingresos de la agroindustrial a la mayoría de pequeños productores pampeanos y extrapampeanos que hoy no están en la agenda de la pelea entre campo y gobierno. Contrariamente a lo que se especulaba, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no hizo mención al tema durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, salvo una vaga mención a la intervención del Estado en la economía.