Se requiere una inversión importante y funcionaría bajo la órbita del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que desde junio posee la entidad. Córdoba y Santa Fe ya tienen un indicador mensual que se utiliza como referencia.

Si en algo no tuvo compañía el crecimiento de la provincia en los últimos años ha sido mejorar el sistema de recolección, procesamiento, publicación y difusión de información estadística e informes económicos y sociales desde el Estado. Cualquiera que intente llegar a trabajos actualizados, habrá ingresado poco menos que en una quimera. En tanto, que desde el sector privado, se han desovillado algunas experiencias como el caso de la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú choca contra la necesidad de grandes estructuras y, precisamente, la carencia de datos actualizados.

De allí que los miembros del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) se encuentren por estas horas analizando una propuesta técnica acercada por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe por la cual la entidad podría, desde su flamante Instituto de Investigaciones Económicas, encarar la leonina tarea de establecer un Indicador de Actividad Económica, mensual y anual, que pondrá a tono a Entre Ríos con el resto de las jurisdicciones.

Es que esta herramienta brinda certezas a todos los actores de la economía, los ciudadanos y el Estado para tomar decisiones, ya que en la actualidad, exceptuando las tareas que realiza el Ministerio de Economía en relación a las cuentas públicas, poco existe y menos se utiliza.

La propuesta que estudian los empresarios entrerrianos parte de un desarrollo académico de la Universidad de Tucumán y que aplican los economistas y técnicos santafesinos que tienen una vasta experiencia en la materia. Funciona con un software que posee un costo inicial de unos 300 mil pesos, pero la principal erogación reside en los recursos humanos, ya que se requiere cargar las series estadísticas desde 1995 y luego mantener una actualización permanente de la información y luego contar con un economista senior, dos economista junior y colaboradores para realizar el trabajo de análisis técnico. Se trata de adaptar algunos módulos del que se aplica en Santa Fe y similar al de Córdoba, cuyo prestigio y aceptación es muy alto en ambas provincias y permite aplicar políticas públicas y ejecutar estrategias privadas.

APERTURA. Los empresarios entienden que es una buena oportunidad para la provincia de Entre Ríos y que la ejecute el CEER no significa que las otras entidades no se sumen al proyecto, e incluso el Estado mismo, para quien sería también de gran utilidad.

“El desafío hoy es realizar un buen análisis en el seno de la comisión directiva para ver si debemos tomar en este momento el desafío. Por eso mantenemos conversaciones con el Consejo Federal de Inversiones para ver si podemos lograr financiamiento ya que se trata de una herramienta que mejorará la competitividad provincial, y el CFI ya ha participado en otras provincias en propuestas similares. Pero recién estamos evaluando al propuesta y la última palabra la tendrán los socios, aunque todos estemos de acuerdo que con estos indicadores tendríamos una provincia en tiempo real”, aseguró a EL DIARIO Luis Márquez, uno de los socios que articulan entre el Instituto de Investigaciones y la comisión directiva del CEER.

Pero además, el indicador permitiría poner en un mismo nivel a las tres provincias de la Región Centro, eliminando asimetrías que hoy perjudican a Entre Ríos.

Por ahora lo que más pesa es el costo –no tanto económico– que implica poner en funcionamiento esta maquinaria técnica que demanda personas abocadas con exclusividad, costo operativo y mantenimiento. De allí que la apertura a otras entidades del sector sería una alternativa.

Para el director del Instituto de Investigaciones y Económicas del CEER, Eduardo Muani, se trata de una experiencia importante y “consolidaría el trabajo que ya se viene haciendo desde mucho tiempo y que se formalizó desde junio”.

Malestar por la ley de promoción económica

Primero requirió la decisión de los empresarios de afrontarlo, encontrar un esquema de trabajo con el Gobierno provincial y hasta el mismo gobernador Urribarri se mostró comprometido con el tema, al punto que se conformaron equipos de trabajo público y privado para avanzar en el tema. Con Entre Ríos muy retrasada en la materia, la demanda llegó a nivel nacional porque se esperaba que Ejecutivo nacional aporte con algunas resignaciones. Sin embargo, algunas horas antes de su visita junto a la presidenta Cristina Fernández, en el último día del mes de septiembre de 2009, el ministro Amaro Boudou opuso resistencia y no se avanzó. Sin embargo, la barrera no desalentó a los empresarios y el Gobernador planteó la eventualidad de encontrar un atajo. Pero con el tiempo fue menguando el impulso y la posibilidad de contar con una ley de promoción económica se refugió sólo en las expectativas del CEER, y hoy emerge como malestar.

“En general no vemos una respuesta de toda la dirigencia sobre la Ley de Promoción Económica. Hemos realizado un trabajo sistemático y riguroso sobre el tema, hemos hablado con toda la dirigencia y había una promesa de que la provincia tuviera una ley ya que desde que recuperamos la democracia es la única que no intentó nada, cuando en otras ya van por tres leyes o más. Y no hablamos de promoción industrial o turística, sino promoción económica para todas las actividades”, sentenció Luis Márquez, en una suerte de portavoz de un malestar que se extiende a casi toda la actividad privada.

Los privados creen que no se aprovechan las ventajas comparativas que posee la provincia y no se brindan instrumentos “agresivos y directos” que “nos ponga a tono con las otras provincias hermanas de la Región Centro”. El empresario entiende que la voluntad política no ha sido del todo contundente y que “nosotros al menos esperábamos que el tema se debata, porque es una herramienta necesaria para brindar seguridad jurídica”.

VALORES. Los técnicos del CEER trabajaron en un proyecto que promueva inversiones, mejore la competitividad y se equipare con el escenario regional “con la idea de generar nuevo empleo con la facultad del Gobierno entrerriano, sin tocar regímenes nacionales ya que tocar los municipales es muy difícil. La gran preocupación del sector privado pasa por el valor de las tasas municipales, nada puede hacer el Poder Ejecutivo, pero con una ley de promoción económica los municipios adherirán si adecuan sus tasas a un promedio provincial para ser destinatarios de los beneficios de la ley. En algunos casos con lo que se paga de Tasa de Seguridad e Higiene se financia en 10 años una línea de producción completa”, describe Márquez.

–¿La cercanía del sector privado con el Gobierno en los últimos años no estuvo acompañada por la presión necesaria?- se consultó a Márquez.

–Nosotros debemos trabajar con todos los Gobiernos, más allá de lo político, porque los problemas no los va a resolverá una gestión, sino que se requieren políticas de largo plazo. Nuestras críticas al Presupuesto fueron fuertes o en otros puntos, pero por definición hubo un acercamiento. Acordamos trabajar en conjunto público-privado y nos envalentonamos porque vimos que era una herramienta importante. Con este mismo eje vamos a plantear este tema a los candidatos para sacarle el compromiso que se debata una amplia ley, –aseguró –

Asimismo el referente concluyó con una reflexión: “Cada vez que se discute el Presupuesto lo abordan los partidos políticos, y está bien. Lo discuten los gremios estatales Agmer, ATE y UPCN, y está bien. Pero siempre falta la otra pata, la que financia el Presupuesto, y ese es el sector privado y las empresas. Nuestro instituto tratará de sensibilizar a la población sobre temas clave”, concluyó.

El desafío del Instituto

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del CEER nació en junio, aunque la entidad todos los años publicó trabajos sobre cuentas públicas, infraestructura y otros temas puntuales para los cuales se contrataba profesionales por tema. La creación del nuevo organismo vino para darle continuidad a esos trabajos y actualizarse ante la dinámica de los acontecimientos. Ya venían trabajando en el Consejo los profesionales Álvaro Gabás y Anelise Toloy, al ritmo de especialistas que se venían contratando ad hoc. Para coordinar el equipo se eligió Eduardo Muani, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER durante dos gestiones: 2002-2008.

Desde su creación ya se elaboraron siete informes mensuales: Análisis de los Recursos en Entre Ríos; Análisis de los Gastos en la provincia de Entre Ríos; Análisis de la Deuda Pública en la Provincia de Entre Ríos; Análisis de la Situación Social en la provincia de Entre Ríos; Análisis de los Flujos de Ahorro y el Crédito Bancario en Entre Ríos y un informe sobre la Ley de Pasantías 26.427 y sus repercusiones en Entre Ríos. Pero también se realizan informes trimestrales en junio de 2010, octubre y diciembre. Asimismo, se editaron análisis anuales sobre el Presupuesto 2010 en Entre Ríos y Región Centro; Análisis de la propuesta de la Ley de Promoción Económica; Análisis cuantitativo de las Tasas Municipales; y Análisis del Régimen de Devolución Anticipada del IVA y amortización acelerada.

Fuente: El Diario - G.S.R.