El gobernador Sergio Urribarri anticipó en declaraciones a APF que el próximo año se revisará el esquema del impuesto inmobiliario rural que salió aprobado hace unos meses en la Legislatura y que resigna recursos fiscales a favor de los tenedores de grandes superficies por un monto cercano a los 50 millones de pesos al año, según las estimaciones de la Secretaría de la Producción. Urribarri ratificó que, pese a que Santa Fe, integrante de la Región Centro, reinstalará el impuesto a los ingresos brutos para la industria, esa medida no se tomará en Entre Ríos. Puso de relieve también la reducción del impacto de la deuda sobre los ingresos provinciales.

Urribarri precisó con son “muchos” los millones de pesos que el Estado dejará de recaudar en concepto de impuesto inmobiliario rural por la manera en que salió la ley de grandes superficies de la Legislatura. Por eso, anticipó que la normativa “se va a revisar”.

“Vamos a trabajar en enero y febrero en el tema tributario de manera responsable y buscando darle mucha más equidad a los tributos en Entre Ríos”, precisó.

Según las estimaciones que maneja la Secretaría de la Producción, si se hubiera aprobado el proyecto tal como lo mandó el Ejecutivo, desgravando a los pequeños productores (49 mil, que poseen 3,9 millones de hectáreas) y recargando el peso en las grandes superficies, se habría emitido un total de 120 millones de pesos al año en concepto de inmobiliario rural.

Pero, luego de las modificaciones que se le introdujeron en las Cámaras legislativas, la emisión se situó entre los 75 y los 77 millones. Es decir, el Estado resignó a favor de 2860 propietarios, dueños de 3,1 millones de hectáreas entrerrianas, unos 45 millones de pesos.

“El proyecto de ley de pooles de siembra apuntaba a gravar a las grandes extensiones o a las explotaciones de capitales foráneos”, recordó Urribarri. Luego, mencionó que existe “coincidencia casi plena de que tiene unas imperfecciones el texto (sancionado en la Legislatura) que haría imposible la reglamentación. Si lo podemos salvar lo salvamos, y si no seguro que va a mandarse una iniciativa que va a tener el mismo espíritu que la ley de pooles de siembra”, anticipó.

IIBB

Mientras el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe busca tapar el rojo fiscal de 1.600 millones de pesos anuales con la instauración del impuesto a los ingresos brutos (IIBB) a las industrias que facturen más de dos millones de pesos al año y a la construcción, esta posibilidad fue descartada por el mandatario entrerriano.

“Hice un compromiso y soy de cumplir con la palabra: dije que hasta el último día de mi gestión no iba a implementar el impuesto sobre los ingresos brutos a la industria. Y lo voy a mantener”, postuló.

La causa de esta determinación es que se trata “del sector donde tenemos mayor potencial para crecer y hemos comprobado que es donde se genera trabajo decente en serio”, consignó Urribarri. “Lo mío fue un compromiso muy claro. Di señales muy concretas al sector y no puedo cambiar las reglas de juego”, subrayó.

Desde que los nuevos gobiernos provinciales surgidos en 2003 decidieron consolidar la Región Centro, un punto saliente fue la asimetría impositiva entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La más evidente fue la carga fiscal sobre la nómina salarial, que la vecina provincia eliminó y que, con reducciones, nuestra provincia mantiene vía la 4035. Este giro en Santa Fe incorpora otro elemento de disparidad

Con respecto a la compatibilización con Santa Fe, Urribarri comentó que habló de estas cuestiones con el gobernador de la vecina provincia. “Tendremos que seguir evaluando para ir eliminando, en alguna medida, las asimetrías”, expresó al respecto.

Escenario financiero

El mandatario remarcó la decisión que ha tenido su administración, manteniendo la “sensatez y prudencia en los gastos” para soportar la crisis internacional.

“La variable que más claramente indica la performance de la Provincia es la proporción de la deuda con respecto a los ingresos, que hemos venido reduciendo de manera importante”, remarcó.

Ayudándose en un cuadro realizado por el ministerio de Economía, mostró que la relación entre la deuda total, más allá del año en que venza el compromiso, y los recursos cayó del 247% en diciembre del 2002 (se necesitaban entonces dos años y medio de ingresos para cancelar las obligaciones) a un 66% al 31 de julio de este año.

“Este elemento es el más importante, porque es el que va a terminar haciendo viable a la provincia. Cuanto menos implique, cuanto menos impacto tenga la deuda sobre los ingresos totales, más libertad de movimiento tendremos”, aseguró.

Respuesta de Busti

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Busti emitió un extenso comunicado donde recuerda cómo se dieron los pasos para la aprobación de las modificaciones del Impuesto Inmobiliario Rural y tras considerar que “no es necesaria” su revisión, afirmó que la ley “fue consensuada y promulgada sin objeciones, por el gobernador”, Sergio Urribarri

Busti consideró que “no es necesaria la revisión del Impuesto Inmobiliario Rural” para recaudar más

Dijo que la ley “fue consensuada y promulgada sin objeciones, por el gobernador” y que “las soluciones a las finanzas provinciales no pasan por una mayor presión fiscal sobre productores; sino discutir con Nación lo que nos corresponde&#

Esta mañana se conoció el Poder Ejecutivo Provincial revisará el próximo año el esquema del impuesto inmobiliario rural que fue aprobado hace unos meses en la Legislatura y que resigna recursos fiscales a favor de los tenedores de grandes superficies por un monto cercano a los 50 millones de pesos al año.

El objetivo de esta revisión, según se indicó desde el propio gobierno entrerriano, es recaudar más.

“Considero que no es necesaria la revisión del Impuesto Inmobiliario Rural vigente en la Provincia de Entre Ríos, dado que la ley nº 9930, aprobada por la Legislatura, ha sido consensuada con los sectores productivos y con el Poder Ejecutivo a través del propio gobernador”, afirmó Busti, para recordar que el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, preveía pasar de una emisión de dicho impuesto de $66.000.000 anuales a más de $200.000.000.

“En ese momento, el sector agropecuario se encontraba en situación de Emergencia y Desastre Agropecuario hasta el 30 de Diciembre de 2009 por la histórica sequía que padecía nuestro territorio provincial; por la crisis financiera internacional, y por un conjunto de medidas dispuestas e instrumentadas por el Gobierno Nacional que desalentaban la producción”, indicó.

“Esos aumentos impositivos, que en algunos casos llegaba al 300%, generaron un fuerte rechazo por parte de este sector, importante para la economía provincial. Ante la conflictividad social, la Cámara de Diputados convocó a los sectores productivos a una mesa de diálogo con participación de representantes de la Cámara de Senadores y del Poder Ejecutivo, a través de su Ministro de Economía y del Sr. Gobernador, lográndose en este ámbito una propuesta de consenso que lograba un aumento progresivo de la recaudación por parte del Gobierno, y no en una forma tan abrupta como lo preveía el proyecto original”.

En tal sentido, Busti remarcó que en ese momento, “el Gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, logró aprobar en la Legislatura un impuestazo similar al que se pretendía aplicar en Entre Ríos. Eso generó un fuerte rechazo de los sectores del campo de esa provincia, teniendo que dar marcha atrás y vetando la norma aprobada”.

En tal sentido, manifestó que la ley entrerriana aprobada “permite pasar de una emisión de $66.000.000 en el año 2008 a $80.000.000 en el 2009, a $115.000.000 en el 2010, $140.000.000 en 2011, y $180.000.000 en 2012. Por otro lado, debo remarcar que los pequeños productores establecidos en el segmento Nº 1 no pagan el impuesto inmobiliario en el período 2009, y que los del segmento Nº 2 no tienen aumento del mismo durante el presente año”.

Asimismo, se mantiene la progresividad con relación a que los grandes productores pagan proporcionalmente más que los pequeños y medianos, y que dicha proporción del aumento es superior a estos últimos, manteniéndose el espíritu establecido en la Ley Nº 8672 de Valuación de Predios Rurales, la cuál fuera gestada en mi primera gobernación, y que actualmente es reivindicada y referenciada en todo el territorio nacional como uno de los sistemas de valuación vigentes más justos.

Derecho por el uso de Tierras Cultivables (Pooles de siembra)

Siguiendo con su explicación, el ex Gobernador dedica un capítulo aparte al análisis de la Ley Nº 9816 que fuera sancionada el 5 de diciembre de 2007, “y que ha sido mal denominada “Ley de pooles de siembra” siendo la misma ampliatoria de la Ley Nº 8.318 de Conservación de Suelos”.

Al respecto, consideró que dicha norma “es de suma importancia y trascendencia ya que contiene puntos que implican beneficios para los pequeños y medianos productores entrerrianos. Se crea en la misma Un Derecho por el uso de Tierras Cultivables del 3% del valor de los granos. Tiene como objetivo que los pooles de siembras o productores radicados fuera de la provincia, paguen en forma obligatoria el mismo, mientras que el productor entrerriano que realice rotación de cultivos y prácticas de conservación de suelos, queda exento de su pago. De esta forma, le mejoramos la competitividad con relación a aquellos que vienen desde fuera de nuestra provincia, llevándose las ganancias, agotando nuestros suelos, no generando puestos de trabajos ni beneficios económicos para Entre Ríos”.

“Debo destacar que es importante la reglamentación de esta ley, dado que generaría un mejor posicionamiento de los productores radicados en nuestro territorio, pero lo más importante es que hace obligatorio a futuro el uso de prácticas de conservación de suelos, con el objetivo de tener una agricultura sustentable en lo social, en lo económico y en lo ambiental”, expresó y agregó que “en reiteradas oportunidades he solicitado su Reglamentación debido a que ya han transcurrido más de dos años desde su sanción”.

“Se argumenta que existirían imperfecciones en el texto, las cuales nunca han sido explicitadas ni en forma escrita ni verbal, e inclusive, he sugerido que para aclarar las dudas que los funcionarios podrían tener, se convoque a los especialistas en derecho tributario que participaron activamente en la redacción de la norma y que hoy cumplen funciones en la Dirección General de Rentas y en la Secretaría de la Producción, llamando poderosamente la atención que los mismos nunca hayan sido ni siquiera consultados”.

Es por ello, que Busti entiende “que el tema del déficit fiscal de las provincias no se puede resolver pensando en aumentar la presión fiscal sobre los sectores económicos y sociales radicados en nuestro territorio dado que avanzar en este sentido es poner en riesgo la competitividad de las distintas actividades que se desarrollan en el mismo. El mayor problema hoy es la fuerte presión impositiva sobre estos sectores por parte del Gobierno Nacional, que no son coparticipados a las provincias”.

“La realidad nos muestra, según el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que de cada $100 que recauda el Gobierno Nacional por todo concepto, sólo regresan como coparticipación a las Provincias $23,70. Por lo tanto la pregunta que debemos hacernos es si debemos mejorar la recaudación provincial aumentando los impuestos a nuestros contribuyentes, generando mayor presión fiscal, o reclamarle ala Nación una mayor proporción de lo que ella recauda”.

El titular de la Cámara Baja afirmó que seguirá profundizando este debate, “que hace inviable la autonomía de las provincias. Hay recursos que fueron relegados y debemos recuperarlos, como por ejemplo el 15 % de la masa coparticipable que en el año 1992, durante la gobernación de Moine, las provincias cedieron por la firma del Primer Pacto Fiscal Federal dicho porcentaje a fin de cubrir el déficit del Sistema Nacional de Seguridad Social. Cabe recordar que nuestra provincia no transfirió el sistema jubilatorio provincial a la órbita nacional. Hoy no existe más dicho déficit, a partir del momento de la estatización de las A.F.J.P., por lo que, con mayor razón dichos fondos deben volver a las provincias, dado que desapareció el motivo que dio origen a ese pacto”.

“En números, esto significa que si las provincias reclaman la restitución de estos fondos, Entre Ríos podría contar en el año 2010 con $1.000.000.000, lo cuál cubriría en gran medida el déficit que hoy estamos teniendo para el presupuesto proyectado para el próximo año”.

Y señala que “existen otros recursos que también deberían ser coparticipables como el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente, de los cuales de cada $100 que se recaudan vienen a las provincias sólo $15. Hay proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional que prevén el aumento a $30”.

En este orden, Busti recordó los proyectos presentados en dicho Congreso por los Diputados Nacionales entrerrianos Cristina Cremer y Gustavo Zavallo, “y que permitiría mejorar los recursos provenientes de la Nación es el Fondo Federal Solidario, creado con el 30 % de los Derechos de Exportación de la Soja, que contempla se amplíe a todos los productos de exportación que paguen dichos derechos, incluidos los derivados del petróleo, lo que permitiría pasar de un ingreso de $200.000.000 en el año2009 a $650.000.000 en el 2010”.

Por otro lado, “existen acumulados y sin distribuir casi $10.000.000.000 del Fondo de Aportes al Tesoro Nacional (ATN), recursos que pertenecen a las provincias y que el Gobierno Nacional no ha distribuido y que en el marco de las emergencias que existen en las finanzas provinciales, podrían ser distribuidos por única vez, perteneciéndole a Entre Ríos una suma de $500.000.000”.

Finalmente, Busti da cuenta que “en el breve análisis que realizo, las soluciones a las finanzas provinciales no pasan por ejercer una mayor presión fiscal sobre los sectores productivos radicados en nuestro territorio; sino discutir con la Nación lo que nos corresponde, y así evitar que este modelo unitario, profundizado por la actual gestión nacional, que obliga a los gobernadores e intendentes a mendigar recursos que le son propios y que los deja totalmente desprotegidos para resolver su situación financiera, induciéndolos a aumentar dicha presión fiscal en sus territorios, lo podamos cambiar. En esto estoy dispuesto a acompañar todas las acciones que lleven a reclamar para la provincia un mayor aporte de recursos”.