Si usted creía haberlo visto o leído todo, se equivoca. Porque el voluntarismo de los representantes del pueblo va más allá de todo lo imaginable, y aquí El Enfiteuta encontró este botón que basta para muestra. En los primeros días de diciembre, los diputados Francisco Delich, Mario Ardid y Raúl Merino, representantes del juecismo cordobés, presentaron un proyecto de ley intitulado Protección y Reordenamiento del Medioambiente Agropecuario Nacional.
Podría tratarse de un proyecto más de aquellos que en aras de preservar el patrimonio de los recursos naturales argentinos se presentan en forma frecuente. Pero en esta oportunidad, los tres diputados juecistas (aunque Merino dejó de serlo el pasado 10 de diciembre) fueron más allá.
Es que a los legisladores no solo les preocupa que los productores no apliquen fertilizantes en cantidad adecuada sino que apuntan a que este instrumento legal logre revertir 40 años de agricultura continua en las pampas.
Así lo expresan los legisladores: "Asimismo se buscará lograr a través de las diferentes etapas de aplicación del Régimen (de recuperación de suelos) los adecuados rendimientos en las explotaciones del Medio Ambiente Suelo, hasta lograr en la culminación de la última etapa de aplicación, los niveles óptimos de fertilidad similares a los valores de suelos definidos en el Mapa de Suelos del INTA de los años 1960 a 1970. La aplicación del régimen se hará en forma paulatina y progresiva en tres etapas, con plazos de gracia, no mayor a los cinco años en cada una de ellas, de cumplimiento opcional en la primera, y de obligatorio e irrestricto acatamiento en las subsiguientes".
Es decir, el productor de General Villegas tendrá que aplicar tanto fósforo como sea necesario para llegar a los 40 o 50 ppm que el Inta había determinado en esa época para esos suelos.
Pero que el fosfato diamónico cotice por encima de los 600 dólares, parece no ser impedimento para los diputados, porque en su ley prevén que el Estado implemente subsidios no reintegrables o créditos del Nación para lograrlo.
El Enfiteuta también encontró que el proyecto es muy estricto en su letra. "Todo propietario, tenedor, arrendatario, aparceros. usufructuarios, u ocupantes de tierras, de cualquier título que fueran, destinados a la producción agropecuaria en la jurisdicción que sea, a partir de la sanción de la presente Ley deberán aceptar la notificación por parte de la autoridad de aplicación, en este caso, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación y en forma conjunta ante el INTA, en un término de no más de 90 días hábiles, de un "Cronograma de Intervención Agropecuaria e impacto ambiental" con indicación precisa sobre manejo y recuperación de suelo, como así también precisa, respecto del tipo y/o tipos de producción, alternadas, rotativas o no y formas de siembras de acuerdo a la región, al que se irá a someter a esa propiedad, con grado de desnutrición mineralógica que presenta a la fecha de inicio de actividades".
Fuente: El Enfiteuta