Se ratifica la resolución 125 del Ministerio de Economía de marzo de 2008, sus modificatorias y sus derogatorias posteriores.
- Se crea, en el marco del Ministerio de Economía, un régimen para dar compensaciones a los pequeños productores de soja o girasol, mediante la acreditación de los requisitos necesarios, a través de una clave bancaria única.
- Los productores que podrán reclamar las compensaciones deberán explotar tierras ubicadas dentro del territorio nacional, y estar inscriptos en la AFIP.
- Los beneficiados tendrán como tope las 750 toneladas de cosecha, en tanto que, los que no sean monotributistas, deberán acreditar declaraciones juradas que no superen los 750 mil pesos.
- Además, se tomará como tope las 350 hectáreas en las provincias de Catamarca, Corrientes, La Pampa, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Formosa, y algunas localidades de Santa Fe y Córdoba.
- En tanto, se pondrá como límite las 150 hectáreas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, excepto algunos departamentos.
- Estas compensaciones excluyen al arrendador que obtenga soja o girasol como pago.
- La autoridad de aplicación, el ONCAA, establecerá los mecanismos para determinar dichas inscripciones.
- Las sumas a cobrar se harán efectivas antes de los 30 días hábiles a partir de que se presenten los requisitos necesarios.
- Las compensaciones surgirán de los mayores fondos recaudados por la exportación de estos granos.
- La Dirección de Aduanas deberá informar diariamente la alícuota aplicable.
- Se fijan también compensaciones al transporte de soja y girasol para los productores de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y algunos departamentos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
- Para recibir este beneficio se deberá acreditar la inscripción como contribuyente de la AFIP, con un nivel máximo de 750 mil pesos o 750 toneladas.
- Se establece que las sumas recaudadas estarán destinadas al Fondo nacional de Redistribución.
- En ese marco, se destinará el 60 por ciento para la construcción y remodelación de hospitales y centros de salud; 20 por ciento para la construcción de viviendas populares; y el resto para la extensión y mantenimiento de caminos rurales.