El Gobierno se había trazado algunos objetivos tributarios para 2008: una convocatoria para que se declaren voluntariamente las mejoras edilicias y la actualización de valores para el Inmobiliario Rural. Están a punto de emitirse los decretos reglamentarios.

El ministro de Economía, Diego Valiero, consideró que aún no se conoce qué efectos producirá el conflicto con el campo. Es contrario a forzar cambios en Automotores e Ingresos Brutos, al menos hasta que la situación decante.

— ¿Se conoce cuánto impactó la crisis del campo en los ingresos públicos?

—No es sencillo determinar en cuánto el desempeño de la recaudación en un período determinado está vinculado al crecimiento de la actividad y en cuánto influye el proceso inflacionario. En estas circunstancias es algo que todos se preguntan, pero los sistemas no están preparados para determinar eso.

Lo que hay que tener en claro es que algunos de los efectos que pudo haber producido el conflicto con el sector agropecuario son inmediatos y otros no. No podemos pensar que se terminó el conflicto, que la situación se arregló y que seguimos como veníamos.

Toda la economía funciona en razón de las conductas de los individuos o grupos que componen la comunidad, amparados en algo inasible como el crédito, la confianza. En función de ello, toda la estructura de la economía se mueve.

En la coyuntura sobre la que me consulta, algunos actores han tomado ciertas y determinadas decisiones. "No invirtamos, esperemos para resolver el destino de los ingresos, no consumamos más allá de lo elemental", parece decir una parte de la sociedad. Pero hay toda una estructura de la economía que mantiene la inercia, que traía un envión. Esta situación produce un remolino, una revolución interna. Entonces, hay que ser muy cauteloso para ver cómo es que finalmente se sale de todo esto.

Hay ingresos de la recaudación nacional que han crecido en menor cuantía, como es el caso del IVA. Eso se explica porque en el período de conflicto hubo menor consumo: se coteja recaudación de julio que refleja el movimiento del mes de junio. Ahora, en agosto, tendremos la recaudación en función de operaciones realizadas en el mes de julio. Es decir, todavía es un misterio cómo repercutirá en el mercado esta merma en las transacciones.

Entiendo que el resentimiento en el movimiento, que ya se siente, no ha terminado. Y esto impactará en la recaudación de impuestos.

—¿Y cuándo se tendrá un noción clara?

—Muchos opinan que hay que ver qué ocurre en agosto. Hoy por hoy, algunos empresarios plantean con preocupación la escalada inflacionaria. Pero, desde las cuentas públicas provinciales, debemos ver cuál es el comportamiento de agosto. No intervienen uno o dos factores: es bastante más complejo. Veníamos a una determinada velocidad y hubo un inconveniente; se convulsionó todo y hay que ver cómo se reordena.

El presupuesto se arma en base a realidades y expectativas: lo que pasó acá es que se afectaron las expectativas que teníamos de recaudación. La situación general también afectó, sensiblemente, la capacidad adquisitiva de los asalariados, en nuestro caso los agentes públicos: hubo precios que subieron, también hay que reconocer que otros bajaron, aunque a algunos no les convenga decirlo. Pero entiendo que es parte de la misma convulsión y que hay que esperar cómo se decanta.

—Lo que plantea, ¿es el fundamento por el cual para el Gobierno se desaconseja producir eventuales aumentos salariales?

—Desaconseja en tanto y cuanto al reconocer un aumento se instala un costo fijo. En la otra circunstancia, íbamos viendo cómo marchaba, cuál era la tendencia y en base a eso se intentaba predecir lo que podía acontecer en el futuro inmediato. Pero, hoy, que hay opiniones en diverso sentido, es más difícil tomar una decisión. Sobre todo porque estaríamos instalando un costo fijo muy importante, muy difícil de reducir luego si las expectativas de recaudación fueran a fallar.

Esto no pasa sólo en Entre Ríos. Si recorre por internet los diarios y lee con atención, encontrará que los ministros de Economía de Jujuy, de Tucumán, de Mendoza, se muestran preocupados por las consecuencias de este sacudón, al que se agregan los pedidos de recomposición salarial. Las provincias, por estas horas, pueden producir pequeñas correcciones, muy puntuales, parciales, pero las administraciones temen dar pasos en medio de la oscuridad por miedo a tropezar.

—¿Algunos gobiernos provinciales han levantado la bandera del aumento de impuestos?

—Hay diferencias de criterio en torno a cómo se aplica la política salarial: la mayoría hace sus presupuestos con las bases de estimaciones y pautas nacionales; como se está al límite, la chance de aumentos en los haberes se resuelve en función de los mayores recursos que piensan tenerse, por sobre el nivel originalmente proyectado. Hay provincias que pueden tener alguna reserva o están en condiciones de producir variaciones en la política tributaria provincial. Pero son las menos.

—La actualización de valores en los impuestos, ¿es una hipótesis de trabajo dentro del gobierno provincial?

—Repasemos la estructura de los ingresos provinciales. Tenemos Ingresos Brutos que, para la mayoría, representa una alícuota del 3,5 %, en consonancia con lo que ocurre en Santa Fe y Córdoba, luego de un proceso de armonización que nos dimos. Las diferentes operaciones varían en función de los precios. La relación entre lo que los contribuyentes declaran ante el gobierno nacional, en este caso la AFIP, y Rentas de la provincia, es casi total, la armonía en la base de datos es prácticamente absoluta. Nos encontramos entonces con una situación en la que Ingresos Brutos no debiera sufrir ninguna modificación sustancial.

En algunos lados, como Santa Fe o Córdoba, se ha planteado la posibilidad de aumentar las alícuotas de IB. ¿Qué efectos pudiera producir? De llevarse a cabo, de forma inmediata se va a registrar una suba en los ingresos del Estado, pero ese incremento de IB tendrá un efecto sobre los precios de los productos. Si se trata de bienes y servicios que se comercializan en otras plazas, la mayor presión tributaria local puede erosionar la competitividad; e, indirectamente, la hipotética suba de los IB serán trasladados a los precios, por lo que podría producir una merma en las ventas, una retracción que, a su vez, se reflejaría en la recaudación que, al final del mini ciclo, en lugar de mejores ingresos derive incluso en una baja.

Como se ve, no es tan sencillo. Meternos de golpe, sin contar con análisis serios, a generar una modificación sin saber sobre qué realidad operará el gravamen, no es lo más conveniente. Eso es lo que pienso.

—¿Y Automotores?

—Está armonizado respecto de las jurisdicciones vecinas, no veo necesidad de introducir ninguna modificación sustancial. Distinta es la situación con los llamados impuestos patrimoniales.

—Vayamos entonces al Impuesto Inmobiliario...

—Sobre la actualización del Inmobiliario Rural y Urbano ya habíamos trabajado. Antes de la crisis del campo, el gobierno había mandado a la Legislatura el proyecto para actualizarlos y, antes de la crisis del campo, habíamos tomado una decisión: primero, incorporar durante el 2008 todas las mejoras no declaradas y valuar más adecuadamente los terrenos, para producir un sinceramiento de la base, que es central para establecer criterios de justicia.

La intención era que hubiera un período para que el contribuyente urbano declarara voluntariamente la mejora; se pagaba el impuesto 2008 como corresponde y el gobierno le ‘perdonaba’ lo atrasado, con la chance de que los municipios se adhirieran. Se atrasó un poco el tratamiento pero la sanción está, en estos días se firmará el decreto reglamentario e inmediatamente se pondrá en marcha el programa.

Con eso, pensamos mejorar la recaudación del Impuesto Inmobiliario y, a la vez, que la mayor parte de los contribuyentes esté en situación de igualdad. Recién ahí se verá si corresponde un aumento porcentual, pero se aplicaría con una base de datos saneada.

La idea es que los controles se centren en las zonas donde existan propiedades de mayor valor, con inmuebles que merezcan la atención de parte del Estado.

Igualmente, en los ejercicios futuros podrían realizarse correcciones en los valores que definen cada una de las categorías. Pero esto no estaba en las metas de este año.

—¿Y en cuanto al Rural?

—Lo primero que nos planteamos fue adecuar la escala por ley, para poder insertar nuevos valores en las zonas agro ecológicas. Por decreto, se fijará un mecanismo para que se pague el tercero y cuarto anticipo con las actualizaciones y cómo se abonará la diferencia de los dos primeros anticipos, porque el impuesto es anual.

Por ejemplo, el que cumplió con el pago único a principios de año, al ajuste podrá pagarlo también con descuentos en el mes de septiembre u octubre. En el mismo período podría saldarse la diferencia de los anticipos primero y segundo. Ese decreto está por salir. Los aumentos promedios rondaban el 75 %, pero respecto de 2005. De manera que, según entendemos, no se trata de valores irracionales, muy por el contrario.

Fuente: El Diario