El Mercado Central de Buenos Aires, corporación bajo control del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, denunció penalmente al presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pedro Apaolaza, uno de sus más acérrimos críticos.

En la denuncia, presentada en el Juzgado Federal N° 3 de Morón, se acusa a Apaolaza, ex secretario general del Mercado Central, y a otros dos ex funcionarios de esa corporación de los presuntos delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, por los que se prevén penas de entre dos y diez años de prisión.

Carbap es una de las entidades ruralistas que más cuestionó la política agropecuaria del ex presidente Néstor Kirchner y durante el corto tiempo de mandato de su esposa y sucesora, Cristina Fernández, realizó una marcha y misa de protesta en la Basílica de Luján. La entidad también fue uno de los principales sostenes de dos paros agropecuarios organizados por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Además, lideró en soledad otro lock out en mayo último.

Anteriormente, cuando las relaciones no se habían roto del todo, Moreno -a instancias del propio Apaolaza- se había reunido con productores en la sede porteña de Carbap para explicarle un acuerdo de precios de los insumos agropecuarios.

Apaolaza fue secretario general del Mercado Central entre el 7 de noviembre de 1995 y el 22 de mayo de 1997, durante la intervención de Ricardo Ré -otro ex presidente de Carbap, también acusado- en el gobierno de Carlos Menem.

En esa época, Horacio Lapeyre, el tercer denunciado, fue secretario económico financiero del mercado, un ente intergubernamental propiedad de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

Se acusa a los tres ex funcionarios de haber dictado una resolución por la cual los "gastos funcionales" -una partida específica de recursos- se consideraban rendidos con unos recibos firmados por los mismos funcionarios o agentes que los recibieran sin necesidad de presentar otro tipo de comprobante o factura, como suele suceder cuando se deben justificar gastos.

Según la denuncia, "el total de dinero retirado por estos funcionarios con este sistema de cargos por rendir ascendió a la suma de 493.000 pesos".