Con dictamen propio la UCR se diferenció del FpV y objetó la velocidad con que se buscó legislar en un tema complejo. Peronismo disidente dividido.

Durante la reunión conjunta realizada este martes entre las comisiones de Legislación General, Agricultura y Asuntos Constitucionales, el bloque del radicalismo marcó fuertes diferencias con el proyecto que dictaminó el krichnerismo y presentó un propio dictamen de minoría.

Con la presencia de sus principales figuras como el candidato a presidente, Ricardo Alfonsín, el presidente del bloque, Ricardo Gil Lavedra, y los diputados referentes del sector agropecuario como Ricardo Buryaile, Ulises Forte y Pablo Orsolini, dijeron compartir con el oficialismo la necesidad de una ley, pero no el instrumento que se estaba dictaminando.

Para el titular del bloque de la UCR, la norma dictaminada este martes por el oficialismo “tiende a fijar alguna limitación” a los extranjeros para la adquisición de tierras rurales, pero a la vez entra en tensión con la jurisprudencia provincial ya que vulnera sus derechos constitucionales.

“Entre Ríos, Corrientes, Neuquén, Río Negro” son algunas de las provincias que “ya regularon sobre el tema tierras” recordó Gil Lavedra. Y luego señaló que la Nación no tendría facultades para avanzar sobre una legislación de la naturaleza pretendida.

El radicalismo también marcó la diferencia al considerar que en lugar de hablar de hectáreas la norma tendría que referirse a Unidades Económicas (otros bloques expusieron en la misma dirección) a determinar con posterioridad por las provincias.

Gil Lavedra calificó como “inoficioso” el intento de eludir los tratados bilaterales de inversión (TBI) al considerar a la tierra como un recurso “no renovable”, ya que los TBI gozan de una jerarquía jurídica superior a la ley que se pretende.

La UCR también rechazó la creación de un Registro Catastral a nivel nacional por considerarlo “impracticable” dados los diferentes sistemas existentes entre jurisdicciones provinciales, y aún dentro de una misma jurisdicción donde pueden llegar a convivir tres, cuatro o hasta siete sistemas de registro diferentes.

En su lugar, Gil Lavedra propuso que el Estado nacional lleve una base de datos sobre las propiedades, pero no un Registro de la envergadura como el que se pretende. También se diferenció en materia de Derechos Humanos al considerarse que en el marco de los acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina no se puede restringir el derecho de una persona por su nacionalidad.

“Lamento la metodología exprés que han adoptado desde el oficialismo", sostuvo el diputado nacional por Formosa, Ricardo Buryaile, en alusión a la rapidez con que las Comisiones de Diputados trataron el proyecto de Ley sobre uso y tenencia de tierra.

La aprobación de la ley “tal como lo pretende el ejecutivo traerá conflictos inminentes y jurisdiccionales con las provincias”, aseguró el diputado Ricardo Buryaile, autor de una iniciativa a la que adhirió su bloque.

Para el legislador formoseño la propuesta kirchnerista “es inconstitucional porque vulnera el artículo 20 de la constitución nacional ya que discrimina y genera xenofobia respecto a extranjeros residentes en el país”.

El diputado remarcó que el proyecto “también afecta el artículo 124 de la Constitución Nacional en el que se establece que los recursos naturales son de las provincias”, y criticó que la norma “establece un parámetro confuso de mil hectáreas en zona núcleo, termino vago que no precisa a que parte del país se refiere o cuáles son los limites de esa zona”.

Buryaile observó además que “la ley no resuelve el problema de la concentración de la tierra y deja las manos libres y sin competencia a los amigos del poder para poder comprar campos”. Y remarcó que “una vez más” el Ejecutivo “avasalla las potestades provinciales bajo el loable pretexto de sostener la soberanía alimentaria”.

El federado Ulises Forte por su parte, señaló que si bien respeta la voluntad de las mayorías, como la que esgrime ahora el kirchnerismo, “el oficialismo no permitió modificaciones ni el debate”.

Forte recordó que la ley de extranjerización fue impulsada hace una década por la FAA y lamentó que “llegamos a la reunión de Comisión con el dictamen de mayoría con quince minutos de antigüedad, las hojas chorreaban tinta y todavía estaban calientes de la fotocopia”.

Al igual que Buryaile, Forte cuestionó el concepto vago de “zona núcleo” (al que Felipe Solá calificó como parte de la jerga agronómica sin rango jurídico como para establecer conceptos jurídicos) y lo calificó de un “error garrafal”.

Forte aclaró además “que lo que nosotros proponemos es que la cantidad de unidades económicas las definan las provincias, pero ellos (el kirchnerismo) plantean que la cantidad de hectáreas las fije el Ejecutivo Nacional. Es decir que claramente están haciendo un proyecto totalmente unitario”.

Pablo Orsolini, quien se mostró más receptivo a la iniciativa del Ejecutivo desde que la envió al parlamento Cristina Kirchner, resaltó durante su intervención que la norma dista mucho de ser una “ley de tierras” como la ha calificado el oficialismo.

Orsolini protagonizó el pedido a la presidenta (a gritos desde su banca) en el mes de marzo para que el oficialismo prestara número para tratar la ley en cuestión. La mandataria recogió el guante y envió dos meses más tarde su propio proyecto de ley, para recordar que pedía una vez más el tratamiento el sábado pasado cuando asumió su segundo mandato.

El diputado chaqueño remarcó además que a la ley contra la extranjerización habría que complementarla con otras leyes que apunten contra la concentración de la tenencia y uso de la tierra. En esos proyectos enumeró iniciativas como la de arrendamientos rurales y otras generadas desde la FAA que converjan en una auténtica “reforma agraria integral”.

Entre los peronistas no kirchneristas, hubo divisiones en las posiciones. Por un lado el duhaldismo rechazó la iniciativa, y presentó un dictamen propio que anticipó la diputada Graciela Camaño.

Felipe Solá, observó algunos temas pero reconoció que en general y en particular iban a respaldar el dictamen de mayoría. En tanto que Sergio Pansa, del peronismo que responde a los Rodríguez Saa, adelantó que ese espacio estaba “muy de acuerdo en verificar catastros en la República Argentina” y que apoyaban el dictamen de mayoría del oficialismo.

Fuente: El Enfiteuta