Apenas cuatro días después de haber autorizado, a través de un resolución publicada en el Boletín Oficial, un incremento de 24% en las tarifas del transporte de cereales y oleaginosas, el Gobierno oficializó ayer la llamativa decisión de dar marcha atrás el aumento reclamado por las cámaras transportistas, que ahora amenazan con paralizar la actividad justo en el arranque de la cosecha gruesa.

La determinación de dejar sin efecto el ajuste tarifario fue oficializada ayer en otra disposición de la Secretaría de Transporte, pero no sorprendió a los transportistas, quienes sabían de antemano del cambio de actitud del Gobierno, supuestamente por una orden de la presidenta Cristina Fernández.

Formalmente, el Ejecutivo explicó que la decisión de anular el aumento de tarifas previamente autorizado estaba motivada por la necesidad de consultar la opinión de otros sectores involucrados en la discusión.

"A los fines de dar participación a todos los organismos competentes en la determinación de los análisis comprendidos, resultaría conveniente dejar sin efecto la disposición" que habilitó el incremento, se señaló en los considerandos de la resolución.

Sin embargo, esa explicación no resultó convincente para los transportistas, que atribuyeron la marcha atrás a una decisión presidencial y advirtieron que pararán los camioneros hasta que se aplique el ajuste tarifario que reclaman.

"El problema fue que la Presidenta no quería aparecer avalando el aumento y por eso ordenó dar marcha atrás con la medida", afirmó a El Cronista Rubén Agugliaro, titular de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac). Agugliaro indicó que el pasado martes –cuando El Cronista informó sobre el tarifazo–, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, lo llamaron para transmitirle que Cristina habría ordenado der marcha atrás con el incremento.

Además de la bronca de las cámaras transportistas, el congelamiento tarifario también plantea un cortocircuito con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, quien acompañó el pedido de aumento de las empresas, en la creencia de que ese ajuste permitiría financiar la mejora salarial que su gremio negociará en las próximas paritarias. Incluso ayer los transportistas daban por hecho el respaldo de Moyano a las medidas de fuerza con las que amenazaron para presionar por la concreción del aumento.

"La tarifa nueva va a correr sí o sí. O la pagan o no habrá cereal en los puertos", advirtió Agugliario. A su vez, Pedro Piemattei, de la Confederación Nacional del Transporte (CNTA), aseguró que el reajuste tarifario se terminará imponiendo por la necesidad de los productores de transportar sus granos ante la inminente cosecha. "Hasta la gente de la Bolsa de Cereales, reconoció la oportunidad de este aumento", indicó el dirigente.

Según la disposición que el lunes había autorizado la suba, ahora suspendida, las tarifas de referencia para el transporte de cereales y oleaginosas debían pasar de $ 63,6 a $ 78,73 por tonelada en el caso de los viajes de hasta 300 kilómetros, y de $ 84,8 a $ 104,97 para los recorridos de hasta 400 kilómetros.

El margen de esa actualización había sido recomendado por el grupo especial que integran funcionarios de la Secretaría de Transporte, que conduce Ricardo Jaime, representantes de las cámaras del transporte de cargas y dirigentes del gremio de Moyano.