El viernes, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py para sumarse como querellante a una denuncia penal que acusa a Carbap, la Sociedad Rural, la Confederación Rural Argentina (CRA) y la Federación Agraria de violar las leyes de abastecimiento y de seguridad de la Nación; de impedir el normal funcionamiento del transporte, y de alzarse contra el gobierno constitucional.

Las entidades del campo negaron haber violado la Ley de Abastecimiento y expresaron que "el paro fue de orden comercial". Así lo sostuvieron hoy el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, y el de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), Fernando Gioino.

Buzzi afirmó a DyN que durante los 21 días de no comercializar carne ni granos "quedó claro que los productores hemos tenido absoluta racionalidad en un conflicto que fue el más severo de la última década".

En este sentido, el titular de FAA expresó que durante la protesta "no se cortó la cadena de productos básicos" que adquieren los consumidores en las zonas urbanas.

La denuncia

El expediente 4650/2008 se abrió el 1º de abril por una denuncia de Fedecámaras, la organización que preside Rubén Manusovich, un dirigente que simpatiza con el kirchnerismo y que representa a los comercios minoristas. La causa se radicó en el Juzgado Federal 7, que está siendo subrogado por Sergio Torres, y el fiscal a cargo es Carlos Rívolo.

En el escrito, la organización pide que se investigue a los protagonistas del mayor conflicto político que tuvo el matrimonio Kirchner desde que asumió en el poder. A esta causa se sumó Moreno con su presentación, y el juez Torres deberá decidir mañana si lo acepta como demandante. El escrito, que llegó a Comodoro Py en la más absoluta reserva, convertiría al Gobierno en parte acusadora en contra de las entidades del campo.

Manusovich dijo a Crítica de la Argentina que esta semana piensan ampliar la denuncia después del levantamiento del paro el miércoles. Según el presidente de Fedecámaras "la tregua de 30 días condicionada a la respuesta del Gobierno sería una forma de coacción o de extorsión".

Su escrito sumó una denuncia más a las que se abrieron en la Justicia por el conflicto del campo. El 25 de marzo, el abogado Eduardo Barcesat también llevó a los juzgados federales su acusación contra las entidades del agro. Al igual que la de Fedecámaras, su denuncia cayó en el Juzgado 7. Los acusó de coacción, cohecho y violación a la Ley de Abastecimiento. En este caso, el juez resolvió desestimar los dos primeros delitos y derivar al fuero Penal Económico una posible violación a la Ley de Abastecimiento.

No es la primera vez que Manusovich se convierte en el brazo ejecutor de los deseos del Gobierno. Durante todo el conflicto con el agro apoyó la postura oficialista. La semana pasada, antes del levantamiento del paro, había anunciado un "contra-paro" a través de una convocatoria a comerciantes y consumidores para "no comprar los productos que estén inflados como resultado de la poca oferta por el desabastecimiento".

El último domingo fue hasta el corte de ruta en Gualeguaychú y discutió frente a las cámaras de televisión con el dirigente entrerriano de la Federación Agraria, Alfredo De Angeli. A los gritos, le pidió que protesten al lado de la ruta y lo acusó de traicionar su ideología.

"Ahora ustedes son el grupo de choque de la Sociedad Rural", le dijo aquella noche. Dos días después, los denunció en Comodoro Py. Esta misma mecánica utilizó el año pasado con varios conflictos protagonizados por Guillermo Moreno. En junio, Manusovich realizó una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para determinar si hubo una operación organizada por los bancos y fondos de inversión para hacer caer la cotización de los bonos de la deuda argentina. Moreno estaba obsesionado por aquellos días con los inversores que vendieron esos bonos.

Antes, en febrero, también habían funcionado en tándem. Cuando el secretario de Comercio Interior quedó involucrado en una causa penal en su contra por la violación del secreto estadístico en el INDEC, Manusovich se encargó del contragolpe: escribió un comunicado anunciando que denunciaría penalmente a las funcionarias del INDEC por "redondear para arriba" los índices de precios. La novedad es que esta vez Moreno puso su firma, como para que no queden dudas.