El pasado jueves 18 en el anexo de la Cámara naja, el diputado Pablo Orsolini presentó lo que había prometido pocas semanas antes. Un proyecto de ley que ponga límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros no residentes en el país.

Orsolini, de raigambre socialista pero que ingresó al parlamento por la UCR bloque al que pertenece, proviene de las filas del gremialismo rural, y fue hasta el año pasado vicepresidente de la Federación Agraria Argentina.

Al momento de constituirse la comisión de Agricultura en Diputados, el diputado dejó sentada con toda claridad su posición política. Apoyar proyectos que hacen a la coyuntura del agro, pero con la misma fuerza impulsar leyes que impliquen cambios estructurales en el campo.

Entre esas normas, banderas históricas de la FAA, se encuentran una nueva ley de arrendamientos (llamada de contratos agrarios) y otra que frene el avance del capital extranjero no residente en el país, ya en la figura de personas físicas o empresas, sobre los inmuebles rurales.

Para dar muestras de lo que está sucediendo en el interior Orsolini presentó dos casos concretos: el de los esteros del Iberá en Corrientes con el norteamericano Douglas Tompkins, y el de la provincia de Río Negro contra el empresario Joe Lewis, titular de la firma Lago Escondido S.A..

El primer caso lo expusieron el intendente de la localidad correntina de Santa Rosa, Juan José Encina, y la Concejal de Concepción y médica rural, Dra. Elida Alsina. El segundo, por la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (CC).

También participaron el síndico de la FAA, Ricardo Dagotto, autor material del proyecto que presentó Orsolini, y el periodista Andrés Klipphan, coautor del libro “Tierras S.A.” publicado en 2006 donde se exponen diversas situaciones relacionadas con el tema.

Durante la presentación hubo más de una decena de diputados presentes, de diversos bloques, más representantes de senadores nacionales. También mostraron su respaldo las organizaciones piqueteras de la CCC, y del FTV disidente, que respalda al empresario y diputado Francisco De Narváez.

Mientras el encuentro se llevaba a cabo, pasó por la puerta la diputada Diana Conti, una referente del kirchnerismo en el Congreso, que también presentó una iniciativa que limita el acceso a las tierras por parte de extranjeros y que se amplía a zonas de frontera.

“Es posible que esta vez se apruebe el proyecto”, señaló la diputada cuando fue interceptada por El Enfiteuta. “Hace años que yo vengo presentando este proyecto, pero lamentablemente hasta ahora no fue tratado”, recordó Conti quien tampoco ocultó que tomó como una de sus referencias en la iniciativa a la ley de los federados.

Conti opinó que “posiblemente” la iniciativa tenga más empuje en este momento que en épocas pasadas, y que tal vez haya masa crítica como para empujar el proyecto que regule en la materia desde distintos bloques. En ese marco, la legisladora aseguró que respaldaría el proyecto.

También El Enfiteuta dialogó con dos senadores correntinos donde la situación con el empresario Tompkins se ha transformado en una lucha sin cuartel según los vecinos de la zona. Para Nito Artaza (UCR) se trata de estudiar el tema en profundidad. “Pedí un informe a la Universidad Nacional del Litoral sobre la situación” confió a El Enfiteuta.

El legislador comentó que desconoce los detalles de la iniciativa federada, y no maneja el caso técnicamente al que calificó como “muy complejo”. Sin embargo, se mostró proclive a escuchar y analizar en profundidad el proyecto, y no descartó su apoyo.

La otra correntina que consultó El Enfiteuta es la senadora Josefina Meabe, flamante presidenta de la comisión de Agricultura de la Cámara alta, con ocho años de antecedentes como presidenta de la Cámara de Diputados de Corrientes.

La legisladora fue además presidente de la Asamblea Constituyente de la Provincia que modificó la Constitución. “Fui una de las que votó en contra de los extranjeros”, reconoció Meabe. La legisladora explicó que “estaba viendo con mucha preocupación la llegada con mucha fuerza de extranjeros y sin querer queriendo, los correntinos, presionados por distintas cosas se ven obligados a vender la tierra”.

El sentido fue tratar de “proteger un poco a los correntinos que viven justamente en sus tierras y de lo poco que sacan, sobre todo en el Iberá”, añadió la senadora del partido Liberal de Corrientes. Para Meabe en la Argentina hace falta una ley que regule el acceso a las tierras por parte de extranjeros.

“Creo que sí que es necesario, no digo que yo tenga la razón, porque cuando probamos la modificación del artículo en la Constitución de Corrientes, sabíamos que nos contraponíamos a la Constitución Nacional, pero eso tiene fácil arreglo: hacen una presentación en la justicia y listo” aclaró la senadora.

“Pero aquella reforma constitucional era una manera de hacer que la gente tome conciencia: tenemos que defender lo nuestro”, explicó Meabe. “Es un problema muy complejo donde hay muchos intereses, pero si volviera a vivir haría lo mismo, votaría como voté entonces”, concluyó.

A los proyectos de Pablo Orsolini y de Diana Conti, para poner límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, se sumó el de la senadora chaqueña María Elena Corregido, también del oficialismo, aunque en su momento votó en contra de la resolución 125.

Los nuevos vientos que soplan en el Congreso parecen favorecer las leyes que regulan sobre la compra de campos por parte de empresas extranjeras. Hasta ahora no se han alzado voces en contra, ni siquiera de las entidades rurales que años atrás se opusieron enérgicamente a una ley de estas características como CRA y la SRA.

“Estamos altamente preocupados”, resumió el jueves Pablo Orsolini al referirse sobre el avance de los capitales extranjeros en la adquisición de tierras. Para botón de muestra, el legislador remarcó que en 2002 la superficie en manos de extranjeros ascendía a 7 millones de hectáreas, hoy esa superficie se elevó “20 millones de hectáreas”, casi el triple en apenas ocho años.

El Enfiteuta