El proceso de implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea dio pasos concretos en las últimas semanas, aunque en paralelo se intensifican las tensiones en torno a las condiciones de protección para los sectores más sensibles, especialmente el agropecuario.

En el ámbito sudamericano, los cuatro países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— avanzaron rápidamente en la ratificación legislativa del Acuerdo Interino de Comercio. En apenas un mes, entre fines de febrero y marzo, los congresos nacionales aprobaron el entendimiento, permitiendo activar su aplicación provisoria, que comenzará el 1 de mayo.

Este acuerdo contempla reducciones arancelarias, apertura de mercados y mejoras en las condiciones comerciales, marcando un hito en la relación entre ambos bloques.

Campo Litoral informa también que del lado europeo, si bien las autoridades ejecutivas impulsaron la aprobación del tratado, el proceso no estuvo exento de obstáculos. El Parlamento Europeo solicitó un dictamen de legalidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de avanzar con la ratificación definitiva, reflejando dudas y presiones internas.

A esto se suman objeciones de algunos países miembros, organizaciones agropecuarias y grupos ambientalistas, que han manifestado preocupación por el impacto del acuerdo en los mercados locales.

Pese a ello, la Comisión Europea decidió avanzar con la aplicación provisoria, limitando la capacidad de bloqueo previo por parte del Parlamento, aunque este mantiene la posibilidad de intervenir más adelante en el proceso.

Uno de los puntos centrales del debate es la aprobación del Reglamento 2026/687, que establece las condiciones para aplicar salvaguardas a productos agrícolas provenientes del Mercosur.

El nuevo marco introduce cambios significativos respecto del borrador inicial. Entre ellos, se destacan umbrales más exigentes para iniciar investigaciones: ahora bastará con variaciones del 5% en precios o volúmenes —antes era del 10%— para activar mecanismos de revisión.

Además, el monitoreo pasará a ser permanente y más riguroso, incorporando sistemas de seguimiento continuo de precios e importaciones. También se amplían las facultades de la Comisión Europea para modificar la lista de productos sensibles y se incorporan medidas para evitar maniobras de evasión comercial.

Otro aspecto relevante es la introducción de criterios jurídicos más precisos, alineados con las normas de la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo de prevenir eventuales disputas legales.

El acuerdo abre nuevas oportunidades para las exportaciones del Mercosur, especialmente en el sector agroindustrial. Sin embargo, también expone a ciertos productos a un mayor nivel de escrutinio por parte de Europa.

Entre los rubros que podrían enfrentar mayores presiones se encuentran la carne bovina, el biodiésel y los cítricos. Asimismo, productos como el arroz, los lácteos y sus derivados aparecen como potenciales competidores en el mercado europeo, lo que podría derivar en la aplicación de medidas restrictivas.

En este contexto, la puesta en marcha del acuerdo marca el inicio de una nueva etapa en la relación comercial entre ambos bloques, pero también deja en evidencia la complejidad de equilibrar intereses económicos, productivos y regulatorios.

Mientras avanzan las oportunidades de integración y crecimiento, el desarrollo del acuerdo estará condicionado por la implementación de estas herramientas de protección, que serán determinantes para definir el alcance real del intercambio entre el Mercosur y la Unión Europea.