Así lo establece la circular MY1/06 de la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios, dependiente de la Secretaría de Agricultura. La medida fue tomada por "razones operativas" y rige sólo por 24 horas, aunque en los hechos se estira hasta a tres días por el fin de semana.

La medida se conoció al término de otra jornada cargada de rumores en el mercado de trigo, que quedó en la mira del gobierno luego de que la fuerte demanda exportadora provocara la suba de los precios del cereal. Esa carrera alcista comenzó a cortarse el lunes, cuando comenzó a circular el rumor sobre un cierre de las exportaciones del cereal.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió temprano a desmentir esa posibilidad, pero nadie se lo tomó muy en serio. De hecho, la ministra de Economía, Felisa Miceli, se reunió con los principales exportadores de trigo para discutir una fórmula de autorregulación de las ventas al exterior, que en materia de compromisos ya cubrieron el saldo exportable de unas 7 millones de toneladas.

Poco después, el gobierno pasó de los rumores a la acción y cerró el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior. Este instrumento fue creado en 1976 por la ley 21.453 para conocer el volumen de exportaciones de origen agrícola. Funciona a través de un sistema de declaraciones juradas que, en los 90, fue flexibilizado de modo tal de eliminar la obligatoriedad de registrarlas. En 2002, se repuso esta obligación en el marco de una puja que se desató en torno del aumento de retenciones a la exportación.

La medida no afecta, al menos formalmente, la operatoria en los mercados de granos del país, donde se conforma el precio FAS (antes de ser embarcado). De todos modos, queda ver cómo influye el factor incertidumbre.

Ayer, una circular firmada por Alejandra Sarquís, de la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Sagpya, comunicó a los exportadores de productos agrícolas incluidos en el régimen de la ley 21.453 (es decir no sólo el trigo sino todos los granos) el cierre por hoy de ese registro.

Desde la semana pasada, los funcionarios de la cartera agropecuaria venían siguiendo un inusual salto en el ingreso de declaraciones juradas, por una aceleración de los compromisos de exportación que llegó a más de un millón de toneladas de trigo.

En el gobierno se encendió la alarma por la presión que el ritmo exportador podría ocasionar sobre el abastecimiento de trigo para el mercado interno, que se lleva anualmente unas 5 millones de toneladas. Con una producción de 12,5 millones de toneladas en la última campaña, la firme demanda del exterior agotó rápidamente el saldo exportable de algo más de 7 millones de toneladas estimado para este año. Actualmente, queda menos de un millón de toneladas por colocar para cubrir esa cifra. Esto le mete presión a la molienda interna, que lleva comprada un 60% de sus necesidades habituales para todo el año.

El gobierno dio así un paso concreto en su pelea para garantizar el abastecimiento del mercado interno y mantener a raya el precio del trigo, dado su fuerte influencia en composición de la canasta básica. En este sentido, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, había asegurado ayer que el precio del kilo de pan no se modificará.

Previo a que se conociera la prohibición, fuentes del mercado habían anticipado que la Secretaría de Agricultura había decidido elevar indirectamente las retenciones a la exportación, al subir arbitrariamente el precio FOB oficial sobre el cual se calculan los tributos en alrededor de un 20%.

Según esta información, el índice de precios FOB oficial que establece Agricultura a diario en base a la información de mercado -dado que los precios de venta de cada exportador pueden diferir-, pasaría de los 156 dólares por toneladas que pautó en la circular de ayer a 182 dólares a partir de hoy.

De esta manera, al elevar la base imponible, el gobierno buscaría que la agroindustria les resulte menos rentable exportar y así enfriar el precio del trigo.

Al término de la reunión que Miceli mantuvo con los exportadores, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Patricio Lamarca, aseguró que "hay un ánimo en todos los exportadores de autolimitarse y de esta manera exportar un volumen importante (de entre 7 y 8 millones de toneladas) y no conspirar contra el abastecimiento interno".

Argentina es uno de los cinco mayores exportadores mundiales de trigo y su principal cliente es Brasil, pero la reducción de la producción en la última campaña y la creciente demanda mundial por problemas de stock presionó sobre los precios hasta llegar a 360 pesos la tonelada de trigo días atrás. Valor desde que surgieron los rumores de la prohibición cayó ayer hasta los 330 pesos.

"Hay un consenso entre los principales operadores de que ya con lo que está declarado en el registro de exportaciones es suficiente, al menos por ahora", añadió Lamarca.

El presidente de la Cámara de Industriales Molineros, Víctor Cabanellas, insistió en que gran parte de la presión sobre el precio se reduciría si se bajara a la mitad el 27% del IVA que actualmente pagan los panaderos, que no pueden descargar nada ya que el pan no está gravado.