La abogada María Victoria Daschevsky, en representación de su padre, quiere realizar citaciones a la Presidenta y también al ministro de Economía. Si el amparo avanza, los funcionarios tendrán apenas diez días para responder.

El recurso de amparo contra las retenciones, presentado en la justicia federal de Paraná, puede transformarse en un leading case sobre la judicialización del conflicto campo/Gobierno. Por una razón procesal, otra de fondo y una tercera política. La primera: como todo amparo, su tratamiento debe ser rápido.

El fondo de la cuestión, en tanto, es la legalidad y constitucionalidad de las retenciones como impuesto. También es fuerte el impacto político, porque es la causa federal más pro campo, y se tramita en Entre Ríos, la provincia del ruralista Alfredo de Angelis y el gobernador oficialista Sergio Urribarri.

Luego de recorrer varios juzgados que rechazaron in limine su recurso de amparo, la abogada María Victoria Daschevsky logró anteayer que el juez federal de Paraná Gustavo Ibáñez lo declarara admisible para comenzar una investigación. Según fuentes judiciales, a la joven abogada –28 años– le costó este primer paso por la dureza de sus fundamentos. "Vamos al fondo de la cuestión. Los derechos de exportación son potestad del Congreso de la Nación y como fueron subidos mediante una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, son inconstitucionales. Hubo violación a la división de poderes, del principio republicano de gobierno y el Ejecutivo se extralimitó en sus facultades", le dijo Daschevsky a El Cronista.

Esta profesional viene de una familia de productores agropecuarios de Viale, una localidad ubicada a 50 kilómetros de Paraná. "Pero eso no quiere decir que mis padres sean terratenientes ni latifundistas", aclaró. Daschevsky no quiere revelar a quién representó en la demanda, pero se comenta que es a su padre, Elías.

Hoy, cuando la abogada presente algunos requisitos formales que aún faltan, el juez Ibáñez podría darle curso rápido a la causa, permitiendo que la denunciante cite a los máximos responsables políticos del nuevo esquema de retenciones: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete Alberto Fernández, y el ministro de Economía Martín Lousteau. En este tipo de amparos, el querellante puede citar a las autoridades, que responderán mediante los abogados del Estado.

Desde la semana próxima, este trámite judicial entrará en etapa de definición. Porque el juez Ibáñez, que está subrogando la causa, desde el martes la dejará en manos de Myriam Galizzi, que también será magistrada interina pero sin plazo a la vista. Galizzi podrá seguir la causa en la dirección que le imprimió Ibáñez, o tirarla para atrás. Si ocurre esto último, se desinflará la causa más pro campo en el tema de las retenciones.

Pero si la causa avanza, el Estado tiene sólo diez días hábiles para contestar los argumentos de Daschevsky. Luego de eso, Galizzi deberá decidir si, como plantea la joven abogada entrerriana, las retenciones son inconstitucionales y el Poder Ejecutivo Nacional cometió varios delitos al implementarlas. Daschevsky, que da por descontada la aprobación judicial para que avance, ya se entusiasmo pensando en un viaje a Buenos Aires "para denunciar a los responsables políticos, incluyendo a la Presidenta y el ministro de Economía".

También señala: "me llama mucho la atención que los grandes estudios jurídicos no hayan hecho una presentación de este tipo". Quizás porque la Constitución dice que impuestos y deuda externa son temas del Congreso, pero la realidad desde la vuelta de la democracia impuso otros criterios.

Fuente: El Cronista Comercial