"Es absolutamente falaz imputarle a Cargill o a sus directivos maniobras de triangulación con el uso de paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos en Argentina, así como calificar a la República Oriental del Urguay como un paraiso fiscal", advirtió la firma multinacional mediante un comunicado.

En ese sentido Cargill señaló que "todas las ganancias obtenidas por la sucursal en Uruguay, pagaron el impuesto a las Ganancias al Estado argentino como bien lo ha podido verificar la AFIP en todos estos años".

La firma insistió en que ha "respetado estrictamente las normas argentinas e internacionales sobre precios de transferencia entre empresas vinculadas" y recordó que las operaciones de la sucursal en Uruguay "se consolidaban contablemente e impositivamente en los balances de Cargill en Argentina".

Al respecto, la empresa criticó el embargo dispuesto por la Justicia contra sus directivos, al señalar que "no ha considerado las pruebas ofrecidas a lo largo de más de un año" que lleva el trámite.

La denuncia contra Cargill

A raíz de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó por el delito de evasión fiscal agravada a dos directivos de la empresa agroexportadora Cargill.

El ente recaudador sostiene que hubo una clara intención de defraudar al fisco por cifras millonarias durante los períodos 2000, 2001, 2002 y 2003.

“Este procesamiento los pone a un paso del juicio oral donde deberán afrontar penas de hasta 9 años de prisión”, señaló la Afip.

Además, a los responsables de la firma se les trabó un embargo por 100 millones de pesos a cada uno. La causa presenta importantes similitudes con las maniobras de planificación fiscal nociva de triangulación con la investigación de la cerealera Bunge.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, dispuso el procesamiento del presidente del directorio y gerente de la Unidad de Negocios de la firma Cargill, Héctor Orlando Marsili, y del gerente de la Unidad de Negocios de la firma en Uruguay, Javier Gustavo Fernández Rockboer, como autores del delito de evasión agravada conforme los artículos 1 y 2 inciso A) de la Ley Penal Tributaria.

Esta maniobra de triangulación de operaciones vía paraísos fiscales guarda estrecha similitud con la desplegada por la firma Bunge, recientemente denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la Justicia Penal Federal de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; lo que implica que, al igual que en la causa “Cargill”, los responsables de la empresa “Bunge” podrían ser procesados penalmente por el delito de evasión agravada contra el Fisco Nacional.

En la fiscalización, la AFIP pudo constatar que Cargill Argentina realizaba la mayor parte de sus operaciones a través de una sucursal de Uruguay, pero esto sólo a los efectos contables, ya que la mercadería salía directamente desde la Argentina al comprador final y nunca pasaba por el país vecino, ni por ninguno de los otros que participaban en la operatoria. Es decir, la facturación iba por un camino y la exportación por otro.

De esta manera, Cargill Argentina facturaba sus ventas a su filial en Uruguay. Desde el país vecino se refacturaba a otras sociedades vinculadas, generalmente radicadas en países de baja o nula tributación y este último repetía la operación con el comprador final.

La Afip sostiene que Cargill Uruguay liquidaba maliciosamente la venta de commodities a otras sociedades vinculadas o traders a un precio menor al que se lo había comprado a la Argentina, registrando en sus balances pérdidas significativas.

Como los balances de la filial uruguaya se consolidaban en la Argentina, la empresa nacional contabilizaba esas pérdidas disminuyendo de esa forma la base sobre la que debía tributar el Impuesto a las Ganancias.

Las estimaciones fiscales se iniciaron por una evasión de 56 millones de pesos, pero cabe destacar que como en la operatoria intervinieron varias empresas vinculadas y radicadas en paraísos fiscales se dificulta el control para la AFIP y, en consecuencia, la real magnitud y monto de las operaciones comerciales desarrolladas.

“El caso de Cargill y el de Bunge son emblemáticos porque demuestran cabalmente que algunas de las empresas que más ganan son las que más evaden”, señaló el administrador federal, Ricardo Echegaray al tiempo que recordó que “la participación en las ganancias de las empresas, responde a un principio de justicia social y que el dinero recaudado por el impuesto contribuye a distribuir la riqueza en la sociedad”.

Fuente: Punto Biz