El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, en este sentido, aseguró que “los legisladores se perdieron la oportunidad de dar una señal reparadora hacia los chacareros y el pueblo argentino”.
“Si no hay decisión política, los exportadores nos seguirán esquilmando”, disparó Buzzi.
Este miércoles debió haberse constituido dicha comisión pero la reunión se suspendió porque sólo asistieron 4 de los 12 legisladores integrantes.
Asistieron a la convocatoria los senadores correntinos José Luis Roldán y Josefina Meabe, y por los diputados el cordobés Jorge Montoya, y el bonaerense Raúl Rivara que milita en el Peronismo Federal.
El ex ministro de Asuntos Agrarios de Felipe Solá, se hizo presente en la reunión en reemplazo de la cordobesa Estela Garnero, quien “ya renunció a la comisión” antes de asumir, según indicó Rivara.
Sorpresivamente para la misma hora el presidente del Senado, Julio Cobos, convocó a reunión de Labor Parlamentaria, por la sesión programada para la tarde, hecho que justificó el faltazo sin aviso de los senadores Miguel Pichetto y el radical Juan Carlos Marino.
“Es una lástima que la política y el sistema democrático hayan dejado pasar otra posibilidad de dar una señal clara, en el camino de buscar una solución a este tema”, destacó el líder federado.
Y agregó: “hubo ausencias en todos los sectores políticos, pero es llamativo que mientras el ministro (de Agricultura) Julián Domínguez está prometiendo precio pleno al productor de trigo, y denuncia a las exportadoras, los representantes del Frente para la Victoria que habían sido designados para la Comisión no hayan estado ahí”.
La Comisión debe investigar maniobras por unos 1.700 millones de dólares realizadas por grupos exportadores, que concentran la venta de granos al exterior, explicó Buzzi.
“Los chacareros somos los más perjudicados con las irregularidades del comercio granario. Pero además vale preguntarse en un contexto como el actual, con una enorme deuda interna sin saldar en el país, que se evidencia en el déficit habitacional y sanitario, por ejemplo, ¿cuántas viviendas se podrían haber hecho con los 1.700 millones de dólares que el Estado no percibió y le correspondía?”, añadió.
Fuente: El Enfiteuta