Santa Fe adherirá al Fondo Federal Solidario creado por decreto por el gobierno de Cristina Kirchner para repartir los fondos que el Estado percibe en materia de retenciones a la exportación de soja entre las provincias.

Según el decreto de necesidad y urgencia firmado por la Presidenta la semana pasada, que aún debe ser ratificado por el Congreso, el reparto del dinero se hará de acuerdo al esquema utilizado para distribuir los ingresos por el impuesto al cheque. Puntualmente, la Nación entregará el 30 por ciento del dinero a las provincias, que a su vez lo distribuirán entre los municipios, y retendrá el 70 por ciento restante.

"Nuestra posición es de adherir (al sistema), porque es una forma de compensar el déficit que hoy tienen las provincias y porque la Nación tiene que responder para ayudar a las provincias, los municipios y las comunas a salir de esta crisis", anunció el gobernador Hermes Binner durante una conferencia de prensa.

No obstante el socialista dejó claro su postura de que la medida anunciada por la Casa Rosada no responde al reclamo de fondo del campo, que pugna por una rebaja en las retenciones. "Esto no tiene conexión con el conflicto entre el campo y el Gobierno", aseguró.

Enseguida, enumeró las medidas que, a su juicio, deberían tomarse para paliar la crisis del agro. "Sostenemos la idea de la necesidad de un pacto contra la pobreza, fijando precios referencias, quitándole el IVA a productos de la canasta de alimentos, y sacar las retenciones por 180 días a la soja para que volvamos a tener confianza", puntualizó.

Por otra parte, Binner indicó que convocó a una reunión con dirigentes políticos, empresarios y trabajadores el próximo miércoles para analizar en detalle la medida.

La necesidad de que cada una de las provincias adhiera de manera expresa al sistema de reparto de lo recaudado por retenciones figura en uno de los artículos del decreto, cuya legalidad fue cuestionada en las últimas horas por varios juristas.

Entre los más críticos, se encuentra el gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, quien aclaró que adherirá a la norma pero con discrepancias, y aseguró que el Gobierno Nacional "busca hacer confrontar los intereses de las provincias con los intereses de los productores, a quienes continuaremos apoyando en sus demandas".

Por su parte, el vicegobernador de Jujuy, Pedro Segura consideró que "cuando se conoce en detalle" el decreto "no hay mucho por lo que alegrarse". "En primer lugar porque sólo se trata del 30 por ciento, sobre los cuales no hay seguridad en la recaudación ya que depende de algunas variables como el precio y venta a nivel internacional y el nivel de producción teniendo en cuenta la reciente sequía que castigó al sector" remarcó.

En cambio, el gobernador entrerriano Sergio Urribarri, ratificó su apoyo total a la medida. "La apoyamos con toda convicción porque refuerza el tejido federal del país. Hacer coparticipables los derechos de exportaciones democratiza aún más el uso de los recursos públicos y ciertamente es de una gran ayuda en estos momentos de caída transitoria de recursos en las provincias", defendió.

En la misma sintonía, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, resaltó que la medida "constituye una decisión a tiempo para ayudar a las provincias a soportar la crisis".

Por su parte, el gobierno de Mendoza envió a la Legislatura el decreto por el cual se adhiere a la iniciativa -que le aportará un flujo cercano a los 256 millones de pesos-, y que sería tratado el miércoles en la Cámara de Diputados, y el jueves, en sesión especial, lo trataría el Senado.

El gobierno de Tucumán ya dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia para adherirse a la norma.

Por su parte, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá planteó sus dudas: "El Gobierno a veces ha dicho una cosa y ha hecho otra, por eso queremos ver cómo se formaliza esto. Ver cómo son las ecuaciones, y qué grado de injerencia tiene el Estado nacional en estos fondos y si realmente va a funcionar el federalismo y estos fondos serán manejados por las provincias en un plano de equidad".