Así lo dispuso la cartera a cargo de Felisa Miceli en su resolución 803/2006, que desgravó el derecho de exportación al valor agregado correspondiente a la industrialización del trigo en la exportación de la harina y sus subproductos hasta alcanzar el equivalente a dos millones de toneladas de trigo en grano anuales.

El objetivo del gobierno es incentivar la agregación de valor a un commoditie que hoy está con precios internacionales muy altos y con serios riesgos de impulsar una suba en los costos internos de sus derivados como consecuencia de la demanda externa.

Registro

Asimismo, creó el Registro del Programa de Producción de Harina en el ámbito de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), donde los exportadores deberán consignar "las ventas al exterior de harina de trigo, sus subproductos y el volumen de trigo equivalente" para acceder al beneficio.

La medida busca "fomentar que el exportador, una vez adquirido el trigo en granos, proceda a su industrialización en los molinos ubicados en el país", para intentar revertir así el hecho de que "la Argentina es históricamente exportador de trigo en grano, que es industrializado por establecimientos instalados en terceros países", señala en sus considerandos.

Al mismo tiempo, intenta aprovechar la "evidente capacidad ociosa" del sector molinero argentino, "producto de la existencia de un número de molinos cuya potencialidad de producción supera ampliamente al consumo del mercado interno", señala el Ministerio de Economía.

En ese sentido, la molinería advirtió recientemente que trabaja con stocks reducidos por la imposibilidad de igualar los valores internacionales por la escasez mundial del cereal.

Para tratar este tema, entre otros del sector, la ministra de Economía Felisa Miceli recibirá, según se prevé, la semana próxima a las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).