El Gobierno nacional puso en marcha una batería de medidas destinadas a impulsar el desarrollo del riego agropecuario, con la mirada puesta en un objetivo ambicioso: duplicar la superficie irrigada en la Argentina en los próximos años y fortalecer la estabilidad productiva frente a la variabilidad climática.Actualmente, el país cuenta con 2,1 millones de hectáreas bajo riego, pero dispone de un potencial de expansión significativo.
Según estimaciones oficiales, existen condiciones de suelo y disponibilidad de agua de calidad que permitirían incorporar hasta 4,8 millones de hectáreas adicionales, lo que abre un escenario de crecimiento estructural para el sector.
En ese marco, el Ejecutivo considera al riego como una herramienta estratégica para aumentar la productividad, reducir riesgos y mejorar la previsibilidad en la producción agropecuaria, especialmente en un contexto en el que los márgenes productivos y la variabilidad climática obligan a maximizar la eficiencia.
Uno de los pilares de esta política es la reciente sanción de la Ley 27.802/2026, que introdujo cambios impositivos orientados a mejorar la competitividad de los productores que invierten en sistemas de riego.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la reducción de la alícuota del IVA aplicada a la energía eléctrica utilizada para riego, que pasó del 27% al 10,5%. Esta decisión apunta a disminuir los costos operativos y facilitar la adopción de tecnología en el campo.
Además, la normativa incorporó beneficios dentro del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), que permite la amortización acelerada —en una sola cuota— en el impuesto a las ganancias para la compra de equipos de riego y bienes vinculados a la eficiencia energética.
Otro instrumento clave es la posibilidad de recuperar el crédito fiscal del IVA en un plazo de tres períodos mensuales, lo que mejora el flujo de caja de los productores y reduce los tiempos de repago de las inversiones, un factor decisivo al momento de evaluar proyectos de riego de mayor escala.