Tras el anuncio de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, de que el Ministerio de Agricultura está trabajando en un proyecto de Ley de Arrendamientos, el titular de dicha cartera esa propuesta “está planteada en el Congreso”.

Pero que, dijo el ministro, “no se quiso alentar en otro momento porque era visto como un intento de afectar la unidad” de las entidades agropecuarias nacionales.

Domínguez agregó: “en realidad, se postergó porque no se quería llegar a un motivo de conflicto pero, si queremos definir el sujeto agrario, tenemos que establecer los instrumentos para que esto deje saldada la discusión con la opinión de todos los autores”.

“Nosotros reconocemos que hay productores que tienen dificultades, no es que lo negamos. Hay que darle a los pequeños y medianos productores, que no son rentables, todos los instrumentos”, indicó.

Hace un año, en agosto de 2009, el oficialismo impulsó el tratamiento en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja del proyecto de Contratos Agrarios presentado por la Federación Agraria Argentina (FAA). Después de muchas idas y vueltas, la iniciativo no llegó a convertirse en ley.

Se trataba del mismo proyecto que, durante la pelea por la 125, fue fuertemente rechazado por otras entidades de la Mesa de Enlace, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

Entre otras cosas, la propuesta impulsaba la creación de los “Contratos promovidos” cuyos beneficiarios son la “micro o pequeña empresa agropecuaria, trátese de personas físicas o jurídicas”.

Una de las condiciones para la firma de estos contratos es que el predio cedido o aportado “no podrá exceder las tres unidades económicas”, según sea definida por la legislación provincial.

El caso es que con los beneficios que se implementan para los referidos “contratos promovidos” (disminución en Ganancias al 33%, devolución anticipada de IVA, amortización acelerada de inversiones, exención a la ganancia mínima presunta) se apunta a equiparar la ventaja económica y financiera de los pooles a la hora de disputar los espacios productivos con los pequeños chacareros.

Ahora, el ministro de Agricultura consideró que, en el debate sobre una nueva Ley de Arrendamientos, la verdadera discusión es “cómo miramos a los pequeños y medianos productores, y definir cuál es el sujeto agrario a tutelar”.

“Si no nos ponemos de acuerdo a quién queremos proteger es muy difícil que nos orientemos en un sentido positivo sobre este tema que hay en torno al campo”, aseguró.

Para Domínguez, “este año vamos a llegar a la cien millones de toneladas de granos, y estamos viendo que hay progresivamente un desplazamiento de quienes viven en el territorio de los medianos y pequeños productores a favor de grupos concentrados que han cambiado la práctica y la cultura agraria de nuestro campo argentino”.

El titular de Agricultura consideró: “debemos proteger que quienes trabajen en el campo sigan trabajando en condiciones previsibles”.

Domínguez dijo que, a quien asume el riesgo de la inversión, el Estado debe crearles “todos los instrumentos para que pueda seguir invirtiendo, arriesgando y dando vida a las economías de nuestras comunidades”.

Y ejemplificó: “el contratista rural es el que asume el riesgo, le da vida, compra gasoil en el pueblo, llega la gente a trabajar y se encarga de los trabajadores rurales cuando tienen dificultades”.

La futura Ley de Arrendamientos, también, debería, según el titular de Agricultura, “construir la concepción de ciclos, es decir, que quien trabaje la tierra no tenga que tener la presión de maximizar la rentabilidad de ese año sino que además cuente con la posibilidad de promover la rotación y el cuidado el suelo en ciclos más largos, donde pueda analizar globalmente una inversión en cinco años”.

Explicó que hay varios proyectos sobre arrendamiento en el Congreso. “De ellos estamos tomando lo mejor de cada uno. Hay una propuesta del Inta, en la cual se estuvo trabajando todos estos años, más las opiniones de las entidades”, comentó Domínguez.

Fuente: El Enfiteuta